Diario Vasco

Estrasburgo , 16 abr .- Costa Rica se convirtió hoy en el primer país no europeo en adherirse al Convenio del Consejo de Europa contra el tráfico de órganos humanos, también conocido como Convenio de Santiago de Compostela, por la ciudad española donde se abrió a la firma en 2015.

El embajador de Costa Rica en Francia, Gabriel Macaya, fue el responsable de la firma del tratado ante la secretaria general adjunta del Consejo de Europa, Gabriella Battaini-Dragoni.

El convenio es el primer marco global para reprimir en el plano penal el tráfico de órganos humanos, proteger a las víctimas y perseguir a los traficantes.

Así, convierte en infracción penal la extracción ilícita de órganos humanos en donantes vivos o muertos y su utilización para trasplantes u otros fines.

El convenio prevé medidas para garantizar la transparencia de los sistemas nacionales de trasplantes y garantizar, al tiempo, el acceso equitativo a los mismos.

Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se realizan en el mundo unos 10.000 trasplantes clandestinos.

Battaini-Dragoni declaró a Efe que este comercio ilícito "es una actividad criminal bien asentada, que presenta un peligro claro para la salud individual y pública" y "viola los derechos humanos y las libertades fundamentales".

Además, dijo, "es una afrenta a la noción misma de la dignidad humana y la libertad personal".

"Estamos contentos de que nuestra acción normativa sea considerada tan relevante por Costa Rica para expandir, incluso fuera de las fronteras europeas, un espacio legal común en este campo", afirmó la secretaria general adjunta de la organización.

El convenio entró en vigor el pasado 1 de febrero, tras la ratificación de la República Checa, Noruega, Malta, Moldavia y Albania. Además, hay otros 17 países que lo han firmado, entre ellos España, Rusia, Reino Unido, Italia, Turquía, Polonia y Portugal.

No es el primer convenio del Consejo de Europa al que se adhiere Costa Rica, ya que el año pasado firmó el Tratado relativo al cibercrimen, que protege los derechos de autor, lucha contra la pornografía infantil y combate el fraude ligado a la informática.

Además, Costa Rica es miembro desde 2016 de la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa sobre cuestiones constitucionales.