Diario Vasco

Cáceres, 16 abr (EFE).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy que constituye "una cierta anomalía" querer "modificar las decisiones judiciales por la vía de las manifestaciones", en alusión a la protesta de este pasado domingo en Barcelona por la libertad de los independentistas presos, la cual, según Catalá, fue "mucho menos numerosa que otras" ya celebradas.

Catalá ha realizado estas declaraciones en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en Cáceres, donde ha impuesto condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort a varios magistrados, así como a la vicepresidenta de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, entre otros.

"Una de las reglas de democracia es el respeto a las decisiones judiciales, puesto que existe separación de poderes", ha remarcado el ministro, quien ha agregado que "promover manifestaciones solicitando la libertad de presos que están en prisión preventiva, porque así lo han decretado unos jueces en un proceso con garantías, no me parece lógico".

En este sentido, ha manifestado que "hay otras vías, como recursos y anulaciones, para cambiar la situación judicial de esos presos sin recurrir a manifestaciones".

En cuanto a las comunicaciones iniciadas hoy por el juez Pablo Llarena en el marco del auto de procesamiento por rebelión a los principales actores del proceso independentista, Catalá ha explicado que "es una fase más de un proceso con todas las garantías del Estado de derecho".

"En España hay una justicia independiente que cada día hace su trabajo", ha subrayado el ministro, que considera que "quien ha pretendido situarse al margen de la ley o de las sentencias del Constitucional o de la justicia ordinaria sabe que tiene enfrente a todas las fuerzas de la democracia".

Preguntado por el auto de procesamiento al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, Catalá ha matizado que "son causas diferentes, con implicaciones distintas y el grado de responsabilidad que tiene cada persona en unos mismos hechos provoca causas abiertas en diferentes instancias judiciales".

Según el ministro, "esto no es nada extraño ni singular, sino la constatación de que son personas diferentes las que están imputadas".

"Unos eran parlamentarios, otros eran miembros de la Generalitat, entidades que promovían la independencia y fuerzas de seguridad de la policía catalana. Por lo tanto, la tipificación y la calificación judicial debe ser diferente", ha expuesto.