Diario Vasco

Ginebra, 14 mar (EFE).- La Comisión Internacional de Juristas (ICJ, en inglés) dijo hoy que la retirada de Filipinas de la Corte Penal Internacional (CPI) es un "intento vergonzoso" del presidente de ese país, Rodrigo Duterte, de evitar responder ante la Justicia por su guerra antidroga.

El secretario general de la ICJ, Sam Zarifi, señaló en un comunicado que se trata de un esfuerzo "en beneficio propio" del presidente filipino "para evitar la rendición de cuentas" y de "colocarse por encima de las leyes filipinas e internacionales".

La CPI recibió en abril del año pasado la demanda de un ciudadano filipino que exigió juzgar a Duterte por "asesinatos en masa" durante los 22 años (1988-98, 2001-10 y 2013-16) que fue alcalde de Davao, en la sureña isla de Mindanao, y también como jefe de Estado desde junio de 2016 con su campaña antidroga.

Casi un año después, el pasado 8 de febrero, la CPI inició un análisis preliminar para investigar los presuntos asesinatos extrajudiciales en la "guerra contra las drogas" en Filipinas con el fin de determinar si existe o no base suficiente para abrir una investigación.

La retirada de un Estado de la CPI solo puede hacerse efectiva un año después de que el secretario general de la ONU reciba la correspondiente notificación por escrito, según el artículo 127 del Estatuto de Roma, un precepto que Duterte no acata.

El artículo 127 "no es aplicable" debido a que "parece haberse producido un fraude al suscribir dicho acuerdo", expone en el comunicado en el que anuncia la retirada con "efecto inmediato" de la CPI el jefe de Estado filipino, que acusa al alto tribunal de la ONU en La Haya de haber violado su presunción de inocencia y el principio de complementariedad.

La "guerra contra las drogas" de Duterte ha causado unas 4.000 muertes de sospechosos en redadas policiales, aunque se estima que el número total de víctimas supera las 7.000 al contar los asesinatos cometidos por civiles.