Diario Vasco

Londres, 13 mar (EFE).- La directora ejecutiva de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM), la española Asunta Vivó, fue invitada hoy al Parlamento británico para explicar cuáles son los "retos y estrategias" que se presentan para abolir la pena capital a nivel mundial.

"Hablamos de en qué punto se encuentra la pena de muerte y qué podemos hacer para reducirla", manifestó a Efe Vivó, quien resaltó la importancia del trabajo parlamentario en esta materia porque es "un asunto del poder ejecutivo".

Vivó contó que el encuentro tuvo lugar con "The All Party Parliamentary Group on the Aboliion of the Death Penalty", un grupo de trabajo formado por lores y diputados de la Cámara de los Comunes de todos los partidos que aúnan esfuerzos con organizaciones externas para ayudar a la abolición de la pena de muerte.

La directora de la CIPM resaltó el compromiso del Reino Unido, donde la pena de muerte se abolió en 1969, en materia de derechos humanos, aunque recordó que existen corrientes que quieren que esta condena se vuelva a implantar, como ciertos sectores del Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP).

La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte es un organismo independiente con sede en Madrid, que fue impulsado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero -miembro de honor- en el año 2010.

Según detalló Vivó, el propósito de la Comisión, formada por 21 miembros de diferentes nacionalidades, es realizar una labor de diplomacia para impulsar el que no se pueda castigar a un delincuente poniendo fin a su vida en ningún lugar del mundo.

"En el campo de la pena de muerte existen muchas ONG, pero faltaba una comisión integrada por altos funcionarios, como ex ministros de Justicia o Exteriores y personas con experiencia en dialogar con terceros países para abordar la materia", indicó la española sobre los orígenes de la organización.

Bill Richardson, exgobernador de Nuevo México, se adhirió a la comisión después de abolir la pena de muerte en ese estado, al darse cuenta de que existían irregularidades en las sentencias condenatorias que tenía que firmar, contó Vivó.

Otro miembro destacado es el antiguo ministro de Justicia del Líbano Ibrahim Najjar, que, tal y como relató la directora, realizó un borrador para abolir la pena de muerte que no llegó a aplicarse pero desde el cual no se realizan ejecuciones en ese país.

"Una de las particularidades de la CIPM es que cuenta con un grupo de apoyo formado por 19 países procedentes de todas las regiones del mundo que nos financian y nos ofrecen ayuda logística para diferentes misiones", comentó.

Según Amnistía Internacional, en 91 países del mundo la legislación no permite el uso de la pena de muerte para cualquier delito y 10 países la retienen solo para aquellos que son graves, como los cometidos en épocas de guerra.

Además, un total de 33 países mantienen legislación sobre esta condena pero, en la práctica, llevan más de diez años sin realizar ejecuciones, mientras 63 países la mantienen totalmente.

"El Estado no tiene derecho a matarte, la vida es el derecho humano más básico", remarcó la activista, quien agregó que "la pena de muerte es discriminatoria", en la medida en que las personas con menor poder adquisitivo no tienen la oportunidad de contratar un buen abogado que las proteja.

Vivó señaló que desde 1972, 163 personas inocentes han sido ejecutadas en Estados Unidos, país donde la pena capital es legal en una treintena de sus estados.

La directora recalcó la labor de España como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, donde una de sus prioridades es la abolición de la pena de muerte.