Diario Vasco

Málaga, 13 mar (EFE).- Veintiún personas han sido detenidas por la Policía en Málaga en una operación contra el fraude a la Seguridad Social en la que ha sido desmantelado un entramado societario dedicado a la venta de contratos falsos, con los que han defraudado más de 76.000 euros.

Entre los arrestados en la Operación Pescado se encuentra el principal cabecilla, que había creado el entramado societario para simular relaciones laborales con las consiguientes altas en la Seguridad Social, ha informado hoy la Policía en un comunicado.

Durante la investigación, que continúa abierta, se ha desarticulado el entramado radicado en Málaga compuesto por cuatro mercantiles, la mayoría sin ninguna actividad, dedicada a la venta de contratos laborales.

Estos contratos servían para la obtención de prestaciones o subsidios por desempleo de forma fraudulenta, cotizaciones para la jubilación y ayudas de todo tipo y, en algunos casos, para regularizar a ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación irregular en España.

La investigación se inició hace dos meses, cuando los investigadores tuvieron conocimiento del posible carácter fraudulento de unas empresas ficticias que tenían una importante deuda con la Seguridad Social.

Las sociedades -supuestamente pescaderías- formaban un entramado societario con sede social en Málaga y, tras varias gestiones, los investigadores constataron que la mayoría de las empresas investigadas no tenía acreditado ningún tipo de actividad económica.

Los agentes averiguaron que el principal investigado había conformado el entramado con el fin de procurar contratos fraudulentos a numerosos "trabajadores" para que éstos pudieran acumular días de cotizaciones suficientes.

Ello tenía como objetivo el cobro de subvenciones y prestaciones por desempleo, cotizaciones para la jubilación y ayudas de todo tipo, así como regularizaciones para ciudadanos extranjeros, y obtenía así importantes beneficios económicos.

Además constataron que el empresario y principal investigado había puesto al frente de las distintas empresas a testaferros insolventes como administradores para eludir el pago de las deudas contraídas por cada una de ellas con la Seguridad Social al no abonar las cuotas a la Tesorería General de las altas efectuadas.

También comprobaron que los supuestos trabajadores -de los veinticinco investigados- nunca llegaron a trabajar para las empresas, mientras que otros "empleados" directamente desconocían la existencia de dichos contratos.

La operación ha permitido hasta ahora, además del arresto del principal investigado y sus testaferros, la detención de otras diecisiete personas, así como el desmantelamiento del entramado y el afloramiento de 5.366 días de cotización "irreales" a la Seguridad Social que ha causado un perjuicio a las arcas del Estado de más de 76.703 euros.