Diario Vasco

Varsovia, 13 mar (EFE).- El viceministro de Justicia de Polonia, Marcin Warchol, criticó hoy la decisión del tribunal irlandés que denegó la extradición de un narcotraficante polaco al estimar que hay dudas sobre las garantías del sistema judicial del país.

"Es inconcebible que un tribunal se base en reflexiones abstractas, ideas y especulaciones para adoptar una decisión tan importante en relación a criminales fugitivos sobre los que pesa una orden de detención europea", dijo el viceministro polaco.

Una jueza de la Corte Superior irlandesa se negó ayer a extraditar a Polonia a un presunto narcotraficante polaco sobre el que pesa una orden europea de detención y justificó su decisión en las dudas sobre la integridad y garantías procesales del sistema judicial polaco, después de las reformas efectuadas recientemente por el Gobierno del país centroeuropeo.

La magistrada remitió el caso de extradición de Artur Celmer, arrestado por presunto tráfico de drogas en Irlanda el año pasado, al Tribunal de Justicia Europeo, explicando que los recientes cambios legislativos en el sistema judicial polaco han sido "tan profundos" que la Corte cree que el Estado de derecho en el país se ha visto "dañado".

La decisión amenaza con provocar un enfrentamiento entre el Gobierno polaco y el Tribunal de Justicia Europeo.

La reforma de la justicia polaca ha provocado duras críticas de instituciones internacionales, especialmente de la Comisión Europea, que como respuesta puso recientemente en marcha el mecanismo contemplado en el artículo 7 del Tratado Europeo, por el cual Polonia podría llegar a perder su derecho de voto en las instituciones comunitarias.

El partido gobernante en Polonia, la fuerza nacionalista y conservadora Ley y Justicia (PiS), aprobó el año pasado una ley que permite al Parlamento nombrar a los miembros del órgano de gobierno de los jueces, mientras que el ministro de Justicia, que también ejerce como fiscal general del país, recibió la potestad de destituir y nombrar a los presidentes de tribunales.

Al mismo tiempo, la norma aceleró la jubilación de los jueces del Tribunal Supremo y el nombramiento de nuevos magistrados.