Diario Vasco

Madrid, 13 mar (EFE).- El Consejo General de la Abogacía Española ha asegurado que ningún colegio profesional ha realizado una recomendación colectiva de precios "ni directa ni indirectamente" y ha asegurado que sus honorarios se fijan "libremente", cuestión que, por otro lado, es "pública y notoria".

El Consejo General se ha pronunciado tras la sanción impuesta ayer por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a nueve colegios de abogados territoriales por importe de 1,455 millones de euros por realizar una recomendación colectiva de precios.

La CNMC explicó que el expediente se inició tras una denuncia de Bankia, por las costas de los pleitos masivos que presentaron los accionistas reclamando la inversión realizada en la salida a Bolsa en 2011.

Pero durante la investigación se puso de manifiesto que nueve colegios de abogados habían elaborado, publicado y difundido baremos de honorarios, que no están autorizados.

En este sentido, el órgano representativo de los abogados ha mostrado su "absoluta disconformidad" con la sanción millonaria y han apuntado que las costas judiciales no se producen únicamente cuando ha perdido el asunto el banco, sino que también se determinan cuando lo gana.

Además, han añadido que su importe no lo fijan los Colegios de Abogados, sino los juzgados y tribunales con un informe que los abogados deben emitir obligatoriamente, de acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Es la Ley de Colegios profesionales la que habilita, han argumentado, a los colegios para aprobar "criterios orientadores", que más tarde se remiten a dicho informe.

Criterios, han apuntado, que pueden ser determinantes para el conocimiento de los costes reales de un procedimiento judicial y que son una "garantía" y un derecho para el consumidor que está reconocido en la "Carta de los derechos de los Ciudadanos ante la Justicia".

Por este motivo, denuncian que la resolución de la CNMC no es firme y va en contra de la ley, motivo por el que los nueve colegios sancionados han anunciado ya su decisión de interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

Así, esperan que las autoridades judiciales dejen "sin contenido" el acuerdo de la CNMC, ya que crear incertidumbre en el desarrollo de un servicio público "poniendo trabas" a la misión que, por ley, tienen encomendada estos colegios, "provocaría grandes perjuicios" al justiciable y al desarrollo de la administración de justicia.