Diario Vasco

Sevilla, 15 feb (EFE).- La jueza instructora del caso ERE, María Núñez, ha vuelto a archivar la pieza separada sobre una ayuda de la Junta para 57 prejubilaciones en Azucareras Reunidas de Jaén -que la Audiencia de Sevilla le ordenó reabrir- al no ver indicios de delito ni en los empresarios ni en los sindicatos y beneficiarios.

Núñez archivó esta pieza en octubre de 2016 pero la Fiscalía Anticorrupción recurrió porque consideró la decisión de la jueza de instrucción 6 de Sevilla "apresurada y precipitada" al haberse apenas iniciado la investigación judicial, y la Audiencia estimó su recurso en abril de 2017 y ordenó a la instructora reabrirla.

En esta pieza, progresivamente, han sido excluidos los cargos públicos que intervinieron en la concesión y gestión de esta ayuda por estar ya juzgados en la pieza política del caso: el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el viceconsejero Agustín Barberá y los sucesivos directores de trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez.

También archivó la causa para el sucesor de Márquez, Daniel Rivera -no enjuiciado en la pieza política- por considerar que se limitó a asumir pagos comprometidos previamente y que incluso él intentó cambiar el sistema, así como el responsable de la aseguradora Vitalia con la que se suscribió la póliza, Antonio Albarracín.

Así, en un auto fechado el 14 de febrero al que ha tenido acceso Efe, Núñez señala que sólo se puede relacionar con los hechos investigados a los empresarios de Azucareras de Jaén, a los representantes sindicales que negociaron el ERE y las ayudas y a los 57 prejubilados que se beneficiaron de ellas, entre los que no se han detectado "intrusos" que no trabajaran en la empresa.

Sostiene que queda acreditado que los empresarios no solicitaron la ayuda de la Junta (1,3 millones) "entendiendo" que lo hicieron los representantes sindicales "limitándose a firmar la póliza como tomador y a realizar el pago que le corresponde" (la ayuda consistía en que la Junta cubría parcialmente el coste de las prejubilaciones).

Y los sindicatos solicitaron ayudas tanto al Gobierno andaluz como al central "con el mismo objeto, finalidad y justificación" recogidas tanto en la Resolución del Ministerio de Trabajo que la concedió como en el protocolo suscrito con la Dirección General de Trabajo de la Junta.

"No se constata conducta alguna, ni de los representantes sindicales, ni de las personas que intervienen en nombre de la empresa, que pueda ser constitutiva de ilícito penal alguno" y "los representantes sindicales y los ciudadanos, en la gestión y solicitud de las ayudas públicas, se limitan a seguir el procedimiento que fijan las administraciones", añade.

En este caso las ayudas "se solicitan porque se consideran justas y adecuadas, con una finalidad lícita, facilitar la prejubilación de trabajadores de un sector en crisis, abocados al paro y con enorme dificultad para encontrar nuevo trabajo en otro sector debido a su edad, 50 años".

Además "tampoco cabe la menor duda" de que el dinero se destinó a los "trabajadores de entre 50 y 54 años, y no la empresa, quien nunca hubiera financiado la prejubilación de los mismos si no es por la ayuda recibida de las administraciones públicas".

Por ello entiende que a los beneficiarios de las ayudas no se les puede hacer responsables de "la posible falta de competencia, irregularidad procedimental u origen de la partida presupuestaria de la que proviene la ayuda" ni de la "caótica" gestión de la Dirección General de Trabajo con Javier Guerrero al frente por el "desorden en la tramitación de los expedientes".