Diario Vasco

Sevilla, 15 feb (EFE).- La instructora del caso ERE, María Núñez, ha archivado una pieza separada en la que investigaba al obispo emérito de Cádiz, Antonio Ceballos, por una ayuda de 300.000 euros para un centro geriátrico, ya que "más que delincuentes, podrían considerarse víctimas o perjudicados por la actuación" de la Junta.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la jueza considera que "ninguna responsabilidad penal" se puede atribuir a los beneficiarios de las ayudas otorgadas por la Dirección General de Trabajo con Javier Guerrero al frente, cuya "gestión y tramitación" -añade- se podría calificar "como caótica por el desorden en la tramitación de los expedientes", algo de lo que "no se puede responsabilizar al ciudadano".

La jueza archiva la pieza tras asegurar que la ayuda que recibió en 2009 el Obispado de Cádiz para mantener 50 centros de trabajo de un centro geriátrico bajo su gestión durante unas obras "no cabe la menor duda" de que se solicitó "porque se considera justa y adecuada, con una finalidad lícita" y que el dinero llegó a "los 50 trabajadores, y no al Obispado".