Diario Vasco

Madrid, 15 feb (EFE).- Los cuatro agentes de Policía Nacional adscritos al grupo de Científica de la comisaría madrileña de Carabanchel acusados de un delito de falsedad de documento públicos en las inspecciones oculares para involucrar a personas en delitos que no habían cometido, han quedado absueltos.

El tribunal del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha dictado una sentencia en la que entiende que la prueba de cargo contra los acusados se basa "fundamentalmente" en la prueba pericial realizada por los agentes de la Policía Científica.

En septiembre 2014 dos de los agentes practicaron una inspección ocular en dos pisos y un vehículo de Carabanchel en los que se habían cometido robos, hechos por los que la Policía había detenido previamente a tres personas de nacionalidad rumana.

Con la finalidad de "reforzar la responsabilidad penal de los arrestados", según el fiscal, los agentes cogieron una "superficie de papel" con las huellas de los detenidos y la superpusieron sobre la funda de un estuche, una caja de bombillas y dos cajas de cigarrillos y medicamentos.

La Fiscalía solicitaba penas de prisión de entre cuatro y seis años para cada uno de los acusados.

El tribunal ha considerado que "no se puede descartar que los objetos que se analizaron fueran los mismos de las fotografías" y que "en ninguno de los efectos se encontraron restos de sustancias adhesivas plásticas propias de las pegatinas blancas comerciales".

Asimismo, la sentencia señala que la acusación contra dos de los acusados "más que carente de prueba, se ve plenamente refutado por los peritos de la policía" y que sus declaraciones "descartan que las huellas fotografiadas puedan proceder de una reseña dactilar".

El tribunal apunta que "no consta en la instrucción que los acusados conocieran a las personas detenidas con anterioridad a realizar las inspecciones".

Y añade que no se encuentra "explicación lógica" del motivo por el que los agentes de policía tendrían que falsear la toma de huellas, cometiendo un delito de falsedad en documento público y "asumiendo con ello de forma absurda unos riesgos absolutamente innecesarios".

El fallo concluye que en caso de duda, como ocurre en torno a las falsedades que se atribuye a los acusados, únicamente se puede resolver aplicando el principio in dubio pro reo, según el cual ha de resolverse siempre en favor del procesado.