Diario Vasco

Valladolid, 13 ene (EFE).- Un matrimonio de origen rumano será juzgado el próximo martes en Valladolid, acusado de traer a España a un compatriota, obligarle a trabajar seis años sin cobrar, solo proporcionándole comida y hospedaje, y amenazar con matarle en el caso de que se marchara.

El fiscal solicita provisionalmente siete años y medio de prisión para cada uno de los dos encausados, además del pago de una multa de 2.020 euros (nueve meses con cuota diaria de ocho euros) y el abono de una indemnización de 90.000 euros, por un delito contra los derechos de los trabajadores y otro delito continuado de extorsión.

Los hechos por los que se celebrará la vista oral, en la Audiencia de Valladolid, ocurrieron a raíz de que en marzo de 2008, el encausado Ilie C. contactara en Bucarest (Rumanía) mediante unos familiares, con un compatriota suyo, al que propuso trasladarse a Pozaldez (Valladolid) para trabajar en el campo, según las conclusiones provisionales del ministerio público.

Le manifestó entonces que en Valladolid había trabajo y se ganaba mucho dinero, por lo que la víctima, dada la situación de precariedad en la que se encontraba y con la esperanza de mejorar de vida, aceptó y llegó poco después a Madrid, en un viaje aéreo pagado por personas afines al acusado, tras lo que fue conducido al domicilio del encausado.

Una vez en la casa, el procesado, quien vivía con su esposa, también acusada, Florica P., fue informado de que había generado una deuda de 1.400 euros por el viaje, los gastos de alojamiento y manutención, que tenía que devolver con su trabajo en el campo, en labores agrícolas, circunstancia que la víctima se vio obligada a aceptar ante la situación en que se encontraba.

Ese mismo año, el perjudicado saldó su deuda, aunque Ilie C. le dijo que eso nada cambiaba y tenía que seguir trabajando para ellos, momentos en los que le arrebató la documentación que solo le entregaba cuando era necesario para trabajar, una situación que se prolongó hasta julio de 2014.

Ese mes, ayudado por otra persona de su nacionalidad y aprovechando que el acusado estaba de viaje en Rumanía, abandonó el domicilio e interpuso denuncia, en una situación de "aislamiento y desarraigo" tal que precisó una intérprete para formular la denuncia, sostiene el ministerio público.

Cita el fiscal como muestra de las circunstancias que sufría la víctima que en noviembre de 2013 el afectado expuso al acusado su intención de dejar la situación en la que se encontraba, ante lo que el encausado le dio un puñetazo y le amenazó con matarle si así lo hacía.

Durante el tiempo que la víctima trabajó para el matrimonio acusado no percibió ninguna cantidad de dinero, ya que eran ellos los que le buscaban trabajo y percibían directamente el dinero o, si los empleadores le pagaban el jornal al trabajador, se lo arrebataban.

Al final, la víctima estuvo trabajando seis años solo por el hospedaje y la comida, sostiene el ministerio público en sus conclusiones provisionales, en las que establece que la acusada Florica P. no solo asumió funciones de vigilancia y control del perjudicado durante el tiempo en el que se desarrollaron los hechos, sino que también conocía los detalles de su explotación laboral, en la que participaba.

En concreto, el fiscal demanda para los acusados tres años y seis meses de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores y multa de 2.020 euros, y cuatro años de cárcel por un delito de extorsión, además del pago de una indemnización conjunta y solidaria de 90.000 euros por el daño moral causado.