Diario Vasco

Barcelona, 12 dic (EFE).- Dos hombres vinculados a colectivos ultras y neonazis han aceptado ser condenados a un año de cárcel, que evitarán si completan un curso de formación contra la islamofobia, por insultar y patear en la barriga a una mujer embarazada a la que recriminaron que llevara nicab.

Los dos acusados, para quienes la Fiscalía pedía dos años y medio de cárcel, han sido condenados por dos delitos contra la integridad moral y los derechos fundamentales y otro leve de lesiones en el juicio que el pasado 1 de noviembre se celebró contra ellos en el juzgado de lo penal número 23 de Barcelona.

Los procesados, que fueron detenidos por la Guardia Urbana tras la agresión, han acordado una rebaja de pena con el ministerio público y la acusación popular, ejercida por el Ayuntamiento de Barcelona, a cambio de asumir los hechos de los que se les acusaba e indemnizar con 6.500 euros a las víctimas.

La condena que los acusados han aceptado incluye el pago de 630 euros de multa, así como su inhabilitación para poder ejercer cualquier oficio educativo relacionado con el ámbito docente, deportivo o de tiempo libre durante cinco años.

El juez ha aceptado suspender la entrada en prisión de los procesados a condición de que no vuelvan a delinquir en tres años y de que sigan un curso de derechos humanos que incluya el respeto a la diversidad de las personas, "con especial atención a la islamofobia", así como un programa de prevención y tratamiento de comportamientos violentos.

Juan Carlos García y Óscar Lozano reconocieron ante el juez que abordaron a la pareja de musulmanes, a la que no conocían de nada, cuando "paseaba tranquila y confiadamente" junto a sus dos hijos por la calle Princesa de Barcelona, el 29 de agosto del año pasado, y empezaron a increparles, movidos por su animadversión a su origen marroquí y sus creencias religiosas.

"Putos musulmanes, qué estáis haciendo aquí, iros al desierto" o "moros de mierda" son algunas de las expresiones que dirigieron los procesados la pareja, mientras que a la mujer, embarazada de 40 semanas y que vestía un nicab, le increparon con la frase "llevas una bolsa de basura".

Ante esa situación, el padre de la familia musulmana, Jouad, pidió explicaciones a los dos detenidos por sus "ofensas", a lo que Juan Carlos reaccionó propinándole un empujón, lo que motivó que la mujer interviniera para evitar que agredieran a su esposo.

En ese momento, el otro procesado, Oscar, "conociendo su perceptible embarazo, propinó una patada" a la mujer en la zona abdominal, lo que le causó un fuerte dolor que la obligó a sentarse en el suelo, según sostiene la sentencia.

Seguidamente, el mismo acusado dio un puñetazo en la nariz a Jouad, mientras el otro procesado le sujetaba por la espalda, "tapándole la boca".

En presencia de una patrulla de la Guardia Urbana que acudió al lugar del suceso, el acusado Oscar siguió recriminando a las víctimas su vestuario y origen con expresiones como "ojalá le metan una bomba por el culo", "la mujer, la de la cara tapada, la Batman" o "los jueces les chupan el culo".

A consecuencia de la agresión, la mujer tuvo que ser atendida en urgencias ginecológicas del Hospital del Mar, sin que fuera necesario aplicarle medidas terapéuticas pese al "estado de ansiedad ante un hipotético riesgo de aborto", mientras que su marido sufrió fisuras y heridas en la nariz.

Juan Carlos es "una persona vinculada al movimiento neonazi en Cataluña" que ha participado en diferentes eventos, frecuentados por personas de estética "skinhead" y en los que se ha exhibido simbología hitleriana.

Concretamente, este acusado fue identificado en octubre de 2010 como uno de los asistentes al concierto que ofreció en Sabadell (Barcelona) Batallón de Castigo, un grupo de música RAC (Rock Anticomunista) cuyas canciones difunden ideología fascista y neonazi.

El líder de esa banda, fundada en 1991 por presos de ideología fascistas de la prisión de Alcalá-Meco, fue condenado a penas de prisión por matar a cuchilladas a un joven de ideología opuesta.

En un comunicado, el teniente de alcaldía de Derechos de Ciudadanía de Barcelona, Jaume Asens, ha celebrado la sentencia porque "no es solo un acto de reparación para la víctima y sus familiares, sino que constituye un mensaje de prevención dirigido al conjunto de la ciudadanía para evitar que hechos como ese puedan repetirse".