Diario Vasco

Ginebra, 7 dic (EFE).- Expertos de la ONU pidieron hoy al Gobierno de Baréin que respete los derechos del líder religioso de la comunidad chií, ayatolá Isa Ahmed Qasim, quien sufre severos problemas de salud y a quien acaba de permitirse acudir a un hospital, tras varios obstáculos y demoras.

El reino retiró a mediados de 2016 la nacionalidad a Qasim, de 76 años, sin darle la oportunidad de defenderse y quien desde hace seis meses se encuentra en arresto domiciliario.

Este año, también se le acusó de lavado de dinero en relación con la práctica del diezmo en la religión musulmana, por todo lo cual pende sobre él la amenaza de una deportación.

"Pedimos a las autoridades de Baréin que permitan que el señor Qasim reciba visitas libremente, que un equipo médico pueda atenderlo sin presiones y que siga teniendo acceso a los medicamentos que requiera una vez que haya abandonado el hospital", dijeron cuatro expertos de la ONU en derechos humanos.

Suscriben una declaración conjunta los relatores de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard; sobre libertad de religión, Ahmed Shaheed; sobre el derecho a la salud física y mental, Dainius Pûras; y el vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, José Guevara.

Sobre la situación de Qasim, los expertos recordaron que el pasado 26 de noviembre, cuando se supo que el estado de salud del ayatolá se había deteriorado gravemente, el médico que lo atendió tuvo que esperar tres horas para que se le permitiese entrar en la casa y el traslado a la semana tomó una semana.

Los relatores de la ONU dijeron por todo esto que, una vez que se recupere, debe volver a tener libertad de movimiento y que se debe poner fin a su arresto domiciliario.

Distintas instancias de derechos humanos de la ONU han criticado el acoso que sufre en Baréin la población de confesión chií, que es la mayoría de la población, por parte de las autoridades de la minoría suní.

Las protestas protagonizadas por los chiíes que surgieron al calor de los movimientos ciudadanos alentados por la Primavera Arabe, principalmente durante 2012, fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad.