Diario Vasco

París, 7 dic (EFE).- Una delegación de parlamentarios franceses se entrevistó hoy en la cárcel de Reau, en la región de París, con los antiguos jefes de ETA Maria Soledad Iparraguirre, 'Anboto' y Mikel Albisu, 'Mikel Antza', representantes del colectivo de presos de la banda.

El encuentro de los etarras con esta delegación, encabezada por el diputado Vincent Bru y el senador Max Brisson (ambos del País Vasco francés) y por el eurodiputado ecologista José Bové, se produjo en el marco de una marcha por las 20 prisiones en las que están encarcelados en Francia los miembros de la organización.

Doscientas personas, según afirmaron en un comunicado los organizadores, participan en esta marcha que culminará el sábado a mediodía en París, con una manifestación en la que esperan a miles de personas para exigir el fin de lo que califican de "régimen de excepción" para los presos de ETA.

"Anboto" y "Mikel Antza" entregaron durante el encuentro con los parlamentarios -que se prolongó en torno a hora y media- un comunicado a sus visitantes, en nombre del colectivo de presos, en el que se quejan de que "el conflicto (vasco) sigue provocando todavía víctimas".

En concreto, se refieren a sus familiares, "que sufren la política de alejamiento que se nos aplica", y a los presos "gravemente enfermos".

Consideran que "sólo si se va al corazón del conflicto y se abordan las causas que lo provocaron tendremos la garantía de que no se repita y de una paz duradera en el País Vasco".

De aquí al sábado, los participantes de la marcha tienen intención de recorrer a pie los trayectos entre las cuatro cárceles de la región de París en la que hay miembros de ETA.

En total, son 62 los presos de la banda encarcelados en Francia, para los que los organizadores de la movilización del sábado reclaman al Gobierno francés que se beneficien de cuatro medidas.

Se trata de su traslado a cárceles próximas al País Vasco, en concreto las de Mont de Marsan y Lannemezan; la liberación de los presos gravemente enfermos; la posibilidad de libertad condicional para quienes cumplan las condiciones según el régimen común; y la supresión del estatus de DPS (Detenido Particularmente Señalado), que fija restricciones penitenciarias.