Diario Vasco

Ginebra, 7 dic (EFE).- La Asociación de Banqueros Suizos (ABS) confió hoy en que los suizos acepten en un referéndum la nueva propuesta del Gobierno para reformar la fiscalidad de las empresas y adaptar la legislación a los estándares internacionales, a fin de poder salir de la "lista gris" de la Unión Europea.

El presidente de la ABS, Claude-Alain Margelisch, recordó hoy en un encuentro con la prensa extrajera en Suiza que el país tiene algo más de un año para poner su sistema en conformidad con el Código de Conducta de la UE, que impide prácticas fiscales perniciosas.

Suiza figura junto con otros 46 países en la "lista gris" de la UE de naciones que han adoptado compromisos con los Veintiocho en relación a una competencia fiscal justa, transparente y para el abandono de prácticas fiscales dañinas.

Estos países deben realizar modificaciones en sus normas impositiva para finales de 2018.

Margelisch recordó que el Gobierno suizo, tras perder en referéndum este año una reforma fiscal del impuesto a las sociedades, ha presentado otra iniciativa, denominada proyecto fiscal 17, que cree será aceptada por el pueblo.

"No tengo ninguna duda de que la población suiza aceptará la nueva propuesta", señaló.

En febrero pasado, la ciudadanía rechazó con casi el 60 % de votos cambiar el sistema fiscal del que se benefician las multinacionales.

El Ejecutivo había utilizado como elemento de presión el hecho de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la UE consideran que el sistema tributario suizo para las grandes corporaciones es demasiado beneficioso para éstas y por lo tanto representa una competencia desleal para el resto de países.

Las empresas multinacionales -las llamadas sociedades holding, sociedades de domicilio o sociedades mixtas- gozan de un "estatus especial" por el que se benefician de una tasa impositiva reducida (entre el 7,8 % y el 12 %).

Ante la amenaza de medidas de represalia, en 2014 Berna pactó con la UE abolir este "estatus especial" y modificar el sistema para que, de media, la presión fiscal se sitúe en torno al 14 %.

Tras el rechazo en las urnas, el Gobierno ha llevado a cabo durante los últimos tres meses una consulta que acabó este miércoles, y prevé someterla al Parlamento en primavera.

La ley no podrá entrar sin embargo en vigor antes de 2020.

La iniciativa contiene varias medidas fiscales para mantener la competitividad de Suiza.

Pero el Ejecutivo asegura que se ajusta perfectamente a los requisitos de la OCDE, como es el caso de los conocidos como "patent box", un instrumento aceptado por esta organización y la UE -en ciertas condiciones- y bajo el cual se gravan los beneficios procedentes de patentes o derechos similares a una tasa reducida.

Todos los cantones tendrían que implantar este régimen, pero la reducción no puede superar el 90 %.

Entre otras medidas la propuesta también prevé que los cantones puedan otorgar deducciones por investigación y desarrollo si quieren, pero no más del 50 %.

A su vez, los impuestos sobre dividendos para personas naturales se elevarán al nivel federal y cantonal al 70 %.