Diario Vasco

Madrid, 6 dic (EFE).- Unauto, la asociación mayoritaria en el sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), considera que la pretensión de los ayuntamientos de Barcelona y Madrid de exigirles un permiso adicional para operar "no tiene apoyo legal" y vulneraría la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.

José Andrés Diez Herrera, asesor jurídico de Unauto, ha señalado a Efe que la iniciativa de estos dos ayuntamientos "no tiene recorrido legal" porque va en contra de las legislaciones española y europea.

Según Diez Herrera, los ayuntamientos no tienen competencias para fijar un permiso adicional a las licencias con las que ya cuentan los VTC y que conceden las comunidades autónomas.

El asesor legal de Unauto considera que estos dos Gobiernos municipales "no miran por el interés general" sino que responden a las presiones del sector del taxi.

En su opinión, los ayuntamientos de Barcelona y Madrid tratan de recuperar la proporción de una licencia VTC por cada treinta taxis, que ya se ha superado con claridad, apelando a sus competencias en materia de seguridad vial y medio ambiente.

Fuentes de Fedetaxi han explicado que, de momento, no conocen en detalle los planteamientos de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona.

No obstante, han recordado que la asociación ha defendido en todo momento la autonomía local, pero siempre que las medidas se tomen "de forma coordinada".

La presidenta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, firmó ayer un decreto que supone el inicio de la tramitación de un reglamento metropolitano que regulará los servicios de los VTC.

El objetivo de este reglamento, que Colau espera tener aprobado a finales de invierno, es limitar su proliferación.

Según la alcaldesa, la AMB será la que autorizará a los VTC a trabajar en su territorio y podrá denegar el permiso "si considera que el contingente esta cubierto".

La semana pasada, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó por unanimidad una proposición para que los VTC necesiten una segunda licencia concedida por la Comunidad de Madrid para prestar sus servicios.

La proposición insta a la Comunidad a modificar su Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos para crear una "autorización de funcionamiento específica".