Diario Vasco

Lugo, 15 nov (EFE).- La titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha dictado un auto en el que prohíbe a los dueños de una perra gravemente herida tras caer al vacío desde un piso, acercarse al can a menos de 500 metros, les quita la guarda y custodia de la misma, y les imputa un delito de maltrato animal.

"El que maltrata a un animal también despliega su instinto agresivo contra una mujer, hijos, ancianos o personas que considere inferiores", sostiene la jueza en el auto.

La pareja imputada, a la que se ha informado hoy de las medidas judiciales, ha asegurado que la caída de la perra se produjo de forma accidental, cuando no estaban en casa, y ha defendido que tratan a sus animales como los "hijos" que no tienen, hasta el punto de que se dirigían a la perra, que se llama Catalina, con el apellido de la familia.

El abogado de oficio que se ha hecho cargo de la defensa de la mujer, Juan Carlos Fernández López-Abad, ha reconocido que todavía no ha tenido tiempo de estudiar el proceso en profundidad, pero ha confirmado que el auto judicial de casi treinta páginas está "muy bien fundamentado".

Ha añadido que la decisión de la magistrada es en cierta medida "pionera", porque si bien "en otras comunidades" puede haber órdenes de alejamiento de animales domésticos, en Galicia seguramente es la primera en este ámbito.

López-Abad ha asegurado que el cariño de la familia hacia la perra es evidente, porque su clienta se "puso a llorar" cuando le notificaron la orden de alejamiento, de modo que "lo que es notorio no necesita prueba".

En este caso, ha dicho, "la jueza actuó de oficio, dentro de sus competencias", pero ahora la defensa estudiará la posibilidad de presentar recurso de apelación contra la decisión de la magistrada ante la Audiencia Provincial.

Aunque la investigación está todavía en una etapa muy inicial, ha precisado que "hay una testigo en el procedimiento, una vecina que vio "que ellos salían de casa, que la perra se cayó y luego los vio llegar" de nuevo.

El animal fue llevado al hospital veterinario Rof Codina, pero no fue operada de las lesiones porque su propietaria -según ha dicho su abogado- no podía asumir el coste de las intervenciones quirúrgicas. "No hablamos de un derecho a la sanidad pública y universal como sucede con las personas", ha concluido el letrado.