Diario Vasco

Estrasburgo (Francia), 14 nov (EFECOM).- El Parlamento Europeo (PE) aprobó hoy una serie de nuevas normas para reforzar la protección de los consumidores ante la amenaza de las estafas en internet, una propuesta que otorga más competencias a las autoridades nacionales para detectar y abordar la vulneración de leyes en esta materia.

En su sesión plenaria, los eurodiputados avalaron por 591 votos a favor, 80 en contra y 15 abstenciones la introducción de unas nuevas reglas con vistas a sellar los vacíos legales que generan las diferentes legislaciones de cada Estado miembro.

La ponente del proyecto legislativo, la socialista checa Olga Sehnalová, aseguró que las nuevas normas "fortalecerán y mejorarán la cooperación entre todos los actores implicados en la protección del consumidor".

Con la revisión del reglamento sobre cooperación en materia de protección de los consumidores (CPC), los organismos competentes de cada país podrán coordinar sus acciones en toda la Unión Europea de una forma más eficiente, señaló el Parlamento en un comunicado.

En el caso de que la vulneración de la legislación afecte a los intereses colectivos de los consumidores en al menos dos tercios de los Estados miembros, que representen al menos dos tercios de la población europea, la Comisión Europea asumirá la coordinación de las acciones.

Estas autoridades tendrán ahora la capacidad de pedir información a los registradores de dominios y bancos para identificar a entidades poco honestas, así como de hacer compras de prueba de bienes y servicios, incluida la actuación como "comprador misterioso".

Esto significa que podrán actuar de incógnito como un cliente normal y llevar a cabo acciones como solicitar información sobre un producto o adquirirlo, con el objetivo de detectar posibles problemas en el proceso.

Además tendrán la capacidad de imponer la exposición de una advertencia explícita en una web, eliminar contenido digital o restringir el acceso a determinadas páginas, a falta de otra forma efectiva para detener una práctica ilegal.

En este sentido, también podrán imponer multas y otro tipo de sanciones y serán los encargados de informar a los consumidores sobre cómo solicitar una compensación por los perjuicios causados por una estafa en línea.

Las organizaciones de consumidores, por su parte, asumen ahora la responsabilidad de alertar a las autoridades ante la sospecha de infracciones.

Estas reglas pretenden abordar con más garantías situaciones como una promoción breve de una aerolínea que posteriormente canceló los descuentos, una oferta de un teléfono móvil por un euro que ocultaba una suscripción a largo plazo a un servicio o el caso de un vendedor en Internet que no proveía los muebles que ofrecía.