Diario Vasco

Roma, 14 nov (EFE).- Las empresas agrícolas que actúen legalmente en Italia deberían recibir incentivos para extender las buenas prácticas y evitar la explotación de los trabajadores en el campo, dijeron hoy expertos, representantes sindicales y activistas.

En Italia se estima que unas 400.000 personas, el 80 % extranjeras, están empleadas de manera ilegal en el sector agrícola y expuestas a distintos abusos, especialmente en el sur.

El presidente del Centro de Milán sobre las normas y políticas públicas en materia de nutrición, Marco Pedol, presentó en una conferencia los resultados preliminares de un estudio sobre las buenas prácticas de dos empresas agrícolas italianas, una española y otra francesa.

En el caso de Italia, destacó la campaña de una cadena de distribución que compra a las más de 70.000 compañías hortofrutícolas adheridas a su código de conducta ético.

También figura un proyecto de la provincia septentrional de Trentino que está certificando su producción "sostenible" de frutas y verduras.

En Francia se han analizado los 300.000 contratos estacionales que cada año se firman para la vendimia mediante oficinas de empleo que garantizan la "correcta vinculación del agricultor".

Asimismo, Pedol aludió a los esfuerzos de una empresa de la provincia de Almería, en el sur de España, que está reduciendo la temporalidad de sus contratos en los invernaderos.

El sindicalista italiano Fabrizio de Pascale, de la Unión Italiana del Trabajo (UIL), apuntó que "la aspiración de toda buena práctica es convertirse en regla".

Para ello dijo que están promoviendo medidas como la creación de una ventanilla única en distintas zonas agrícolas para hacer más transparente la contratación de los jornaleros.

Contra la explotación laboral en Italia fue aprobada en 2016 una ley que, según De Pascale, representa un "punto de partida para intentar cambiar las cosas".

La norma simplifica el delito de intermediación ilícita y explotación laboral, sanciona al empleador que lo comete y no solo al intermediario, e impone nuevas multas y penas de cárcel, entre otros aspectos.

También intenta potenciar la "Red de trabajo agrícola de calidad", un programa público para otorgar certificados éticos a las empresas que respeten los derechos de los trabajadores.

El director de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para el Mediterráneo, Federico Soda, apuntó que el número de extranjeros empleados de manera ilegal está aumentando en el país "por la inmigración irregular y los procedimientos en los países de destino".

Agregó que, conforme esas personas se alejan del sistema de protección que les ofrece el Estado, corren más riesgos de ser explotados.

Soda instó a promover las actividades éticas en el sector, apoyar a las instituciones y ayudar directamente a los más vulnerables.

Por parte de la ONG Oxfam, su experta Giorgia Ceccarelli subrayó que han logrado el compromiso de algunas multinacionales de mejorar sus prácticas tras haber clasificado a diez de ellas en función de su transparencia, el cumplimiento de los derechos laborales, el respeto a la igualdad de género y el uso de los recursos naturales.

La activista de ActionAid Grazia Moschetti afirmó que están apoyando a las mujeres jornaleras en la región de Apulia (sur de Italia) para darles alternativas a la explotación con iniciativas como la puesta en marcha de guarderías comunitarias.