Diario Vasco

Nairobi, 14 nov (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que más de 30.000 personas se han quedado sin hogar tras los desahucios masivos que el Gobierno de Nigeria ha llevado a cabo en la zona metropolitana de Lagos (suroeste), la ciudad más poblada del país y la segunda de toda África.

Estos desahucios se han realizado desde marzo de 2016 en las zonas costeras de la ciudad, cuyas comunidades se han resistido provocando enfrentamientos con la Policía y hombres armados no identificados que han acabado con la vida de 11 personas y la desaparición de otras 17, lamenta el informe de AI publicado hoy.

Este documento, titulado "El coste humano de una megaciudad: desahucios forzados de los pobres en Lagos", afirma que más de 300.000 personas de la zona podrían ser expulsadas forzosamente de sus hogares en los próximos meses.

Estos desahucios se habrían efectuado sin consultar con los habitantes de la zona y sin dar aviso, compensación o una vivienda alternativa a los afectados.

"Los desahucios forzosos significan que pierden todo: su forma de vida, sus posesiones y, en algunos casos, su propia vida", indica el director para Nigeria de AI, Osai Ojigho, que explica que estas situaciones se han dado en todo el país durante más de una década, "desafiando a las leyes internacionales".

Además, estos actos violan sentencias de la propia Justicia nigeriana que prohibía a las autoridades demoler estas casas. En algunos casos, los afectados vieron cómo destruían su hogar mientras trataban de mostrarle a la Policía la orden judicial que les permitía conservarlo, asevera el documento.

La organización exige a las autoridades del Estado de Lagos que "detengan estos ataques contra las comunidades pobres, que están siendo castigadas por los fallidos planes urbanísticos estatales".

Los principales afectados son los habitantes de la comunidad Otodo-Gbame, situada en la periferia de la ciudad, que vieron cómo la Policía y otros hombres armados abrieron fuego contra los residentes mientras les lanzaban gases lacrimógenos e incendiaban sus hogares para que pudieran ser demolidas.

Algunas víctimas perdieron la vida al ahogarse mientras huían del acoso de las fuerzas de seguridad.

Los cerca de 4.700 habitantes del área que decidieron quedarse tras perder su hogar duermen desde entonces en sus barcas o en la misma calle, tapándose con plásticos para protegerse de la época de lluvias.