Diario Vasco

Bruselas, 14 nov (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció hoy que un nacional de un Estado no perteneciente a la UE debería disfrutar de un derecho de residencia derivado en un país comunitario si su cónyuge es ciudadano de la UE y adquirió la nacionalidad del Estado en el que residen ambos.

Los tribunales nacionales, británicos en este caso, deberían inspirarse de la legislación comunitaria, según la sentencia referida a la situación del argelino Toufik Lounes y su esposa Perla Nerea García Ormazábal, española que se trasladó al Reino Unido en 1996 y que en 2009 adquirió la nacionalidad británica, manteniendo la española.

El Tribunal con sede en Luxemburgo entiende que a partir del momento en que García Ormazábal adquirió la nacionalidad británica, quedó sujeta al Derecho británico y al internacional, no al comunitario.

En principio, la normativa europea de residencia no es aplicable a su situación y la de su marido, incluso aunque la interesada hubiera llegado al Reino Unido en calidad de ciudadana de la Unión Europea.

No obstante, recuerdan los magistrados, la legislación europea contempla que un nacional de un Estado no perteneciente a la UE y miembro de la familia de un ciudadano de la Unión puede disfrutar en determinados casos de un derecho de residencia derivado.

El Tribunal considera que la normativa comunitaria confiere a los ciudadanos de la Unión el derecho a llevar una vida familiar normal en el Estado miembro de acogida, contando a su lado con la presencia de los miembros de su familia.

Y considera que un ciudadano europeo en la situación de García Ormazábal "quedaría privado del derecho de mantener una vida familiar normal en el Estado miembro de acogida por el hecho de haber tratado de lograr una mayor integración en dicho Estado mediante su naturalización en él".

Esa circunstancia sería contraria "a la lógica de integración progresiva en la sociedad del Estado miembro de acogida" que "pretende favorecer" la normativa comunitaria, agregó el TJUE.

Por tanto, la sentencia estipula que para seguir disfrutando del derecho a llevar una vida normal en el Estado miembro de acogida con su cónyuge, aunque éste sea nacional de un país extracomunitario, la justicia británica debe tratar el caso sin aplicar criterios más estrictos que los contemplados en la legislación comunitaria.