Diario Vasco

Madrid, 14 nov (EFECOM).- El profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), José Ignacio Conde-Ruiz, ha considerado hoy que la implantación de una prestación de ingresos mínimos podría llegar a desincentivar el trabajo.

En su comparecencia ante la Comisión de Empleo del Congreso, Conde-Ruiz ha asegurado compartir el objetivo de la renta mínima, pero ha dicho que la proposición de ley que la regula tiene fallos de diseño, entre ellos, que supone "un impuesto al trabajo altísimo".

Frente a ello, ha propuesto sanciones para los beneficiarios que no acepten ofertas de empleo o permitir seguir cobrando parte de la prestación durante un tiempo limitado cuando el trabajo no supere un determinado nivel salarial.

La iniciativa legal, impulsada por los sindicatos, regula la puesta en marcha de una prestación de 426 euros mensuales para la población activa de entre 18 y 65 años que no tenga derecho a otra prestación y que lleven más de un año inscritas en el paro.

En opinión de Conde-Ruiz, habría que restringir los potenciales beneficiarios a quienes lleven más de dos años en paro o hayan trabajado antes, en aras de limitar una conversión ficticia de inactivos en activos al único objeto de cobrar la prestación.

Según sus cálculos, el diseño actual de la renta mínima podría elevar su coste hasta los 17.000 millones de euros anuales, lo que piensa que es excesivo para un país que todavía no ha solucionado su crisis fiscal y que aún tiene una deuda pública muy elevada, además de otras prioridades de gasto como la educación y la sanidad.

Por eso ha propuesto una implantación gradual en la que el universo de beneficiarios se vaya ampliando progresivamente.

Además, ha planteado un tercer inconveniente de la proposición de ley, que es la descoordinación con las comunidades autónomas, ya que todas ellas tienen rentas mínimas de inserción que con diferentes nombres y cuantías persiguen el mismo fin.

Conde-Ruiz ha asegurado que el texto legal no deja claro si las prestaciones del Estado central y las autonómicas son compatibles, y ha propuesto involucrar a las comunidades en el desarrollo de la ley, así como en su gestión y en su coste.

Ante la comisión parlamentaria también ha comparecido el representante de la Red Europea de la lucha contra la pobreza y la exclusión social de España, Carlos Susías, quien ha asegurado que una renta mínima de carácter estatal es esencial para acabar con la desigualdad.