Diario Vasco

Madrid, 13 oct (EFE).- El Consejo de Ministros ha acordado hoy recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de las asociaciones de consumidores de cannabis porque considera que vulnera competencias exclusivas del Estado y trata de regular y dar amparo legal a actividades tipificadas como delito en el Código Penal.

Por eso, el Gobierno pide al Constitucional que suspenda cautelarmente la aplicación de esta norma de Cataluña.

Según el Gobierno, esta Ley 13/2017, de 6 de julio, vulnera competencias de legislación penal, las bases y coordinación general de la sanidad, así como la legislación sobre productos farmacéuticos, la seguridad pública y las relaciones internacionales, al afectar a convenios internacionales suscritos por España.

Se trata de la cuarta normativa catalana que el Gobierno recurre en las últimas semanas, ya que el pasado 29 de septiembre se acordó interponer recursos de inconstitucional contra la ley de Agencia de Protección Social de Cataluña, la ley de protección del derecho a la vivienda y la ley de voluntades digitales.

En el acuerdo aprobado hoy, el Consejo de Ministros solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad porque considera que Cataluña carece de competencias para la aprobación de una norma con este contenido.

Por eso, su aprobación no puede ampararse ni en el derecho de asociación, ni en la protección de los consumidores, ni en la protección de la salud, según el Ejecutivo, que también señala que la norma ignora totalmente las competencias exclusivas del Estado, así como de la normativa internacional y estatal vigente.

Además, el Gobierno invoca el artículo 161.2 de la Constitución a fin de que el Tribunal Constitucional suspenda cautelarmente la aplicación de la norma catalana.

Lo mismo ocurrió con los recursos interpuestos previamente contra la ley navarra reguladora de clubes cannábicos y con un artículo de la ley de atención integral de adicciones y drogodependencias del País Vasco que tenía la misma finalidad.

La Ley de Asociaciones de Personas Consumidoras de Cannabis de Cataluña es fruto de una iniciativa legislativa popular (ILP) y regula el cultivo y el transporte de marihuana por parte de estos clubes, además de fijar las normas generales para su constitución, organización y funcionamiento.