Diario Vasco

Madrid, 13 oct (EFE).- La Fiscalía solicita en sus conclusiones provisionales cinco años de prisión para Antonio V.F. y Giacomo J.P., presidente y consejero delegado de una empresa de comunicación, por estafar en 2015 al Ministerio de Presidencia 175.604 euros en la realización de una campaña de difusión.

En concreto, el fiscal imputa a los acusados como autores de delitos continuados de estafa y de falsedad en documento oficial y mercantil por los que serán juzgados a partir del próximo martes en la Audiencia Provincial de Madrid.

De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, la empresa de los acusados resultó adjudicataria de un contrato con el Ministerio de Presidencia en 2015 para llevar a cabo una campaña de información sobre la Ley de Transparencia y el Portal de Transparencia.

La empresa presentó una primera versión de la Memoria en la que figuraba que habían contratado 97.277.850 impresiones, lo que hacía constar mediante capturas de pantalla de los certificados de los medios en lugar de los originales que exigía el contrato.

En una segunda versión de la Memoria se indicó que las impresiones habían ascendido a 115.458.310, justificadas mediante documentos escaneados "con la apariencia de que (las impresiones) habían sido realizadas por los diferentes medios de comunicación".

Después de que la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes -dependiente del Ministerio de Presidencia- solicitara la entrega de los certificados originales de los medios, la empresa hizo una tercera versión de la Memoria donde reflejaba el verdadero número de impresiones: 28.828.250.

Según la Fiscalía, los acusados modificaron y alteraron la cuantía de impresiones llevadas a cabo en los medios de comunicación con "ánimo de lucro ilícito" y con el objetivo de "obtener un beneficio patrimonial".

Estos hechos causaron un daño económico al Ministerio de la Presidencia de 104.761 euros por las impresiones en internet, 28.972 por la campaña de radio y 41.869 por la campaña de televisión, lo que suma 175.604 euros, cuantía que la Fiscalía exige que paguen como indemnización los acusados al tesoro público.