Diario Vasco

Londres, 12 oct (EFE).- La Autoridad Bancaria Europea (ABE) publicó hoy un informe sobre las directrices que deberían seguir las autoridades reguladoras de los veintisiete países de la UE al acoger a compañías del sector financiero que se reubiquen desde el Reino Unido como consecuencia del "brexit".

Con el documento, que califica de "Opinión" no vinculante, la organización, que está también a la espera de trasladar su actual sede en Londres, quiere "ofrecer una guía sobre las expectativas de supervisión" y abordar los posibles "riesgos de arbitraje supervisor y regulatorio" que surgen con el creciente número de empresas que desean trasladarse para mantener el acceso al mercado único.

La Autoridad subraya que es importante que los países receptores de la Unión Europea (UE) "apliquen de forma consistente" la legislación vigente, evitando la competencia, que no impongan una carga regulatoria "innecesaria" y que se mantenga la coordinación entre supervisores.

La ABE ofrece su orientación en áreas como las autorizaciones; la regulación prudencial y la supervisión de las firmas de inversión; y en materia de resolución.

En el primer asunto, insiste en que los estándares no deben rebajarse y las empresas que pidan autorización para operar deben ser sometidas a "exámenes rigurosos", y las "sociedades ficticias" "no deben ser autorizadas".

En segundo lugar, opina que la provisión de servicios de inversión en la UE "debería estar sujeta a una adecuada supervisión y control prudenciales", mientras que las firmas de inversión de importancia sistémica "deben estar bajo la supervisión del BCE (Banco Central Europeo)".

En cuanto al sistema de resolución de crisis bancarias, la ABE advierte de que el "brexit" (salida británica de la UE) "podría afectar a la reforma" vigente en ese aspecto, y en concreto "al área de construir capacidad para la absorción de pérdidas".

El organismo avisa de que, en materia de resolución, muchas de las operaciones se realizan al amparo de la legislación británica, por lo que las autoridades de los Veintisiete tendrán que poner sus propios mecanismos en marcha.