Diario Vasco

Madrid, 17 sep (EFE).- El conflicto de los vigilantes del aeropuerto de El Prat es "la punta del iceberg" de la realidad de un sector con sueldos de 1.000 euros, turnos de 12 horas y muchas "empresas piratas", y ha servido para dar visibilidad a sus reivindicaciones y encarrilar la búsqueda de una solución global.

Los sindicatos valoran que ese conflicto, "similar a otros", sirva para poner de manifiesto que el sector de la seguridad privada tiene que dignificarse porque estos profesionales prestan servicio junto a las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares sensibles, algo especialmente relevante en un momento de alerta 4 antiterrorista reforzado tras los atentados de Cataluña.

En España hay unos 80.000 vigilantes de seguridad en activo que trabajan tanto en lugares privados como sobre todo en administraciones públicas, en muchos casos en infraestructuras "críticas" como aeropuertos o centrales nucleares, según detallan a Efe desde los sindicatos mayoritarios (UGT, CCOO y USO) y desde la Plataforma Social por la Defensa de los Derechos de los Trabajadores de Seguridad Privada, que integra a otros cinco.

Coinciden todos en que es precisamente en las administraciones públicas donde más se contrata a "empresas piratas" que se valen de la reforma laboral de 2012 para descolgarse del convenio colectivo y pagar hasta 300 euros menos al mes a unos profesionales que ya cobran de media, sin antigüedad y complementos, unos 1.000.

"Es como una subasta pura y dura, se da al más barato", resume el secretario del Sector de Seguridad de UGT, Sergio Picallo, que entiende que "hay que cambiar de tendencia y pasar del caos y el descontrol a la coordinación y la profesionalización del sector" y "no permitir que la Administración sea el principal agente de precarización".

Para encauzar este cambio Picallo confía en la labor del recién creado grupo de trabajo que abordará la situación del sector en las infraestructuras públicas, en el que participan cuatro ministerios, la patronal y UGT y CCOO.

Confía también en que, paralelamente, avance la bloqueada negociación del convenio colectivo, con una mejor disposición de la patronal. Si no, habrá movilizaciones "generalizadas".

Las reivindicaciones del sector son cíclicas y justo antes del verano se pusieron de manifiesto en la calle con concentraciones el pasado 28 de junio en las principales ciudades en las que participaron miles de vigilantes que exigieron un convenio justo, en contra de la propuesta "regresiva e inadmisible" que había hecho la patronal en la mesa negociadora.

Allí los sindicatos ya advirtieron de la importancia del trabajo de los vigilantes en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad, sobre todo en un momento de nivel 4 de alerta antiterrorista en el que cualquier día podría haber un atentado, como finalmente pasó en agosto.

Y en julio estalló el conflicto de los trabajadores de Eulen en El Prat, que aún continúa.

Este caso ha hecho aflorar otros, con diferentes avisos de movilizaciones, entre ellos una huelga en la empresa Marsegur, una de las más criticadas, para el 25 y 26 de septiembre convocada por UGT, CCOO y USO.

También una huelga indefinida en todo el sector los días 23 y 24 de septiembre, seguida de paros, por parte de la Plataforma Social para la Defensa de Trabajadores de la Seguridad Privada, que pide una subida salarial del 10 % y compromiso de "no retroceso". Y una "gran concentración" el día 27 en Madrid por parte de dos colectivos minoritarios que quieren huelga en todo el sector.

Los tres sindicatos mayoritarios no apoyan estas dos convocatorias para una huelga genérica porque creen que ahora es momento de negociar, aunque advierten de que si no hay avances en las próximas semanas viviremos "un otoño caliente".

"En la reunión del grupo de trabajo con el Gobierno hubo muy buenas palabras, pero lo vemos con precaución porque queremos propuestas reales, con presupuesto para subir salarios y mejorar derechos", advierte desde Comisiones Obreras Daniel Barragán, que avisa de que mientras ese grupo avanza ellos no van a dejar de movilizarse por un convenio justo.

El secretario general de Seguridad Privada de USO, Basilio Alberto Febles, cuantifica en 20.000 los profesionales que trabajan para empresas con condiciones inferiores a las del convenio colectivo, el 90 % de ellos en administraciones públicas, y urge también a una "dignificación" que este sindicato demanda desde hace años.

Alerta de que, además de las malas condiciones, estas empresas suelen acaban en concurso de acreedores y dejan deudas a la Seguridad Social, como ha pasado con Esabe, con 28 millones, Falcon con 13 o Seguridad Integral Canaria, con 21 millones, según señala.

Aunque parezca que "cada uno va a su aire", tanto los representantes mayoritarios como los de colectivos reducidos como los vigilantes del área de Defensa esperan que "esta vez si se consiga, de una vez por todas, mejorar el sector".