Diario Vasco

Madrid, 16 sep (EFE).- El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha negado hoy que las medidas de control financiero sobre Cataluña supongan la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ya que el Gobierno "en absoluto suprime competencias de la comunidad autónoma".

"Estamos ante un control financiero excepcional como consecuencia de una situación excepcional, de manifiesta ilegalidad e inconstitucionalidad, en la que incurre el propio Gobierno de la Generalitat, que indudablemente obliga al Gobierno de España a poner en marcha este control financiero excepcional", ha indicado Fernández de Moya en declaraciones a la cadena Cope.

El secretario de Estado ha explicado en qué consiste la orden publicada hoy en el BOE a través de la cual el Estado sustituye a la Generalitat en los pagos de servicios públicos con el objetivo de que no se destine ninguna partida a financiar el referéndum secesionista del 1 de octubre.

En primer lugar, da 48 horas al presidente de la Generalitat para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria "que afecte a cualquier gasto que no esté vinculado a servicios públicos fundamentales", como nóminas, sanidad, educación y servicios sociales.

Asimismo, el Estado no enviará "nuevas transferencias a la comunidad autónoma para pagar los servicios públicos fundamentales", sino que las abonará directamente, una vez que la Generalitat certifique los gastos pendientes.

En tercer lugar, el control financiero también afecta al endeudamiento: "Todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat, incluidas las operaciones a corto plazo, deberán tener una autorización previa del Consejo de Ministros", ha sostenido Fernández de Moya.

El secretario de Estado de Hacienda ha defendido que el Gobierno ha aplicado la normativa vigente para ejercer un "control reforzado y exhaustivo del gasto de la Generalitat", después de que ésta haya "decidido de manera unilateral vulnerar el ordenamiento jurídico vigente".

Sin embargo, ha insistido en dos ocasiones que "en absoluto" se trata de la aplicación del artículo 155 de la Constitución porque el Gobierno no suprime competencias de la comunidad autónoma.

Preguntado por un escenario en el que la Generalitat se negara a aprobar en 48 horas el acuerdo de no disponibilidad presupuestaria requerido, Fernández de Moya ha respondido que no sería un "razonamiento sensato".

"¿Es que la Generalitat va a decir que dejemos de pagar concretamente educación, sanidad, servicios sociales o las prestaciones por dependencia? ¿Es que la Generalitat va a decir que no paguemos al conjunto de los empleados públicos que prestan su servicio en el ámbito de la comunidad autónoma de Cataluña?", ha destacado.