Diario Vasco

Manila, 31 jul (EFE).- El jefe de la Policía de Filipinas, Ronald dela Rosa, dijo hoy que la muerte de un alcalde y otras 14 personas durante una redada antidroga en el sur del país ha de servir como "advertencia" para otros políticos vinculados al narcotráfico y el crimen.

El suceso ocurrido ayer en Ozamiz, en la isla de Mindanao, "debe servir como una advertencia de que la Policía no hace excepciones a la hora de aplicar la ley. No tenemos miedo ni damos tratos de favor", dijo Dela Rosa en una rueda de prensa televisada.

El domingo, 15 personas murieron, entre ellas el alcalde de la localidad, Reynaldo Parojinog, y varios de sus familiares, tras un tiroteo con las fuerzas de seguridad que iban a entregar media docena de órdenes de arresto.

Según la Policía, los agentes abrieron fuego tras ser recibidos con disparos al acercarse a la casa del alcalde, presunto líder de una banda criminal con un largo historial de tráfico de drogas, operaciones paramilitares, secuestros y extorsiones en las últimas tres décadas.

El director de la policía reafirmó que el objetivo de la operación era arrestar con vida a los sospechosos, pero que los agentes no tuvieron más remedio que disparar debido a que los Parojinog contaban con su propio "ejército privado" para resistirse.

"Prefiero ver a mis hombres vivos antes que a él (al alcalde). Cuando el humo se disipa siempre tiene que quedar el bueno de pie", expresó Dela Rosa.

En el tiroteo también murió la esposa del alcalde, Susan; su hermana, Mona, y su hermano y miembro del gobierno provincial, Octavio Parojinog, mientras un agente sufrió heridas a causa de una explosión y se incautaron armas -incluidas granadas y rifles-, drogas y dinero.

Además del patriarca del clan familiar, las órdenes de detención incluían a su hija y vicealcaldesa, Nova Princess Parojinog-Echavez, y al edil Ricardo Parojinog, que sobrevivieron y fueron entregados a la justicia por su presunta pertenencia a la banda criminal.

Reynaldo Parojinog figuraba en una de las listas negras del presidente filipino, Rodrigo Duterte, por sus presuntos vínculos con el tráfico de drogas y el crimen organizado.

Además de él, otros dos alcaldes han muerto a tiros de las fuerzas de seguridad -uno de ellos en prisión- desde que fueron acusados por Duterte, quien tras asumir el cargo el año pasado inició una sangrienta campaña contra las drogas.

Más de 7.000 personas han muerto desde que comenzó esta controvertida campaña, de las que aproximadamente la mitad fueron abatidos por policías tras supuestamente resistirse al arresto.

Duterte reiteró el pasado lunes que mantendrá su lucha "implacable" contra el tráfico de drogas pese a las numerosas críticas que recibe dentro y fuera del país.