Diario Vasco

Kigali, 2 ago (EFE).- Desde el genocidio de 1994, Ruanda ha experimentado un desarrollo económico y social sin precedentes en África, que ha elevado su crecimiento hasta el 6,8%, auge sobre el que planea una sospecha de menosprecio a los derechos humanos con implicación directa en las elecciones del próximo viernes.

Los expertos regionales suelen decir que si Ruanda fuera una empresa, el valor de sus acciones habría subido un 80% durante la era post-genocidio. El PIB se sitúa actualmente en 8.600 millones de dólares, con una renta per cápita de 724,7 dólares, un 253% más que en el citado año.

El valor de sus exportaciones alcanzó en 2016 los 1.571 millones de dólares, con una tasa constante de crecimiento en torno al 6% desde 2013, y la inversión extranjera en los seis primeros meses de este año se ha cifrado en 644 millones.

Socialmente, el avance desde la barbarie de 1994, en la que murieron cerca de un millón de personas en cien días, también es significativo: la esperanza de vida ha subido de 49 a 64,5 años, el 84,6% de los ciudadanos está cubierto por el seguro médico nacional y la escolarización infantil roza el 98%.

Uno de los secretos de esta prosperidad es la tolerancia cero a la corrupción fomentada por su presidente, Paul Kagame, que ha presidido el país durante los últimos 23 años.

Según lo definen los analistas ruandeses, es un líder puritano y perfeccionista que ha conseguido mantener la estabilidad y trabaja constantemente por el progreso.

No obstante, la política de tolerancia cero parece que no solo se aplica al ámbito de la corrupción.

Una de las causas del genocidio fue la fuerte polarización étnica. Para llevar a cabo la reconstrucción del país y evitar la mera posibilidad de un escenario similar, se optó por un Gobierno integrado por todos los partidos del país, lo que se traduce en un Parlamento sin oposición real.

Los activistas políticos y también muchos ciudadanos de estratos marginales se encuentran exiliados o encarcelados, denuncian diferentes organismos internacionales.

Kigali luce hoy en día una impecable apariencia que contrasta con el desvencijado aspecto de la mayoría de las capitales africanas. Sus calles están extremadamente limpias, la jardinería pública se asemeja a la de una cuidada mansión y el bullicio es menor, casi contenido.

Esta imagen nace, según Human Rights Watch (HRW), de una dura política de Estado: "indeseables" como mendigos, vendedores y prostitutas, son detenidos y llevados a un centro conocido como "Kwa Kabuga", donde viven en unas condiciones "deplorables" y del que solo pueden salir mediante sobornos.

El Ministerio de Justicia asegura que no es un centro de detención, sino de rehabilitación y ayuda social, aunque admite que no existe un marco legal para su administración.

Amnistía Internacional va más allá y asegura que Ruanda se ha convertido un Estado de represión antes de las elecciones, con constantes ataques a las voces disidentes.

Uno de los casos más recientes es el de Jean Damascene Habarugira, un miembro de la oposición local que desapareció tras ser llamado para una reunión con un alto funcionario de Seguridad. Días después, apareció muerto.

"Los asesinatos y las desapariciones en 2017 deben situarse en el contexto de muchos años de violencia similar por la que nadie ha tenido que rendir cuentas", aseguró recientemente el director regional de esta organización, Muthoni Wanyeki.

Desde abril de 2016, las fuerzas de seguridad de Ruanda han asesinado al menos a 37 personas detenidas por delitos menores, como robos de fruta o animales de corral, asegura HRW, que apunta que las ejecuciones extrajudiciales se emplean como "advertencia" pública.

El apoyo incondicional a Kagame por parte de los dos principales partidos y la reciente enmienda constitucional -secundada por el 98,3% de la ciudadanía en consulta popular- que le permite postularse como presidente hasta 2035, parece que mantendrán a Ruanda en la misma senda durante un largo periodo.