Diario Vasco

Zaragoza, 2 ago (EFE).- El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, considera que la negativa de la Generalitat de Cataluña a cumplir la sentencia que obliga a devolver a Aragón los bienes religiosos del Monasterio de Sijena es su "primer acto de rebeldía" independentista respecto a España y su Estado de derecho.

Para Lambán, en este asunto no solo está en juego el patrimonio aragonés, sino el cumplimiento de la ley y el respeto al Estado de Derecho y la democracia, ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación antes de visitar dos compañías ubicadas en el recinto Expo Zaragoza Empresarial.

Ha aprovechado, por ello, para reclamar de nuevo a la juez que dictó la sentencia que obligaba a la devolución de las 44 piezas de Sijena ubicadas en el Museo de Lérida antes del 31 de julio que tome la decisión que haga posible que los bienes vuelvan a Aragón, "recurriendo a todos los medios legales a su alcance para que se cumpla" una sentencia judicial firme.

En este auto, ha recordado Lambán, están implícitas las actuaciones que hay que llevar a cabo "en un momento determinado" sobre los responsables.

Por otro lado, se ha referido a las críticas que ayer vertió Podemos sobre la gestión del asunto, en las que acusó al Gobierno de Aragón de montar un "teatrillo vergonzoso" y lamentó la falta de contactos con la Generalitat en busca de un diálogo "técnico y político".

"No se puede estar en misa y repicando", ha advertido Lambán, quien ha recordado que el ejecutivo aragonés ya "ensayó" la fórmula del diálogo hace más de un año, cuando se estuvo a punto de alcanzar "algún tipo de acuerdo" con la Generalitat que quedó truncado por la reacción posterior de ERC, uno de los socios del Govern.

Para Lambán, esa reacción puso de manifiesto que en este momento "con la Generalitat no se puede dialogar sobre esto ni sobre ninguna otra cuestión".

Y ha solicitado a Podemos que sea "más justo en el reparto de culpas o responsabilidades" y dirija "toda su artillería mediática y de opinión hacia los verdaderos responsables, que no son otros que los gobernantes actuales de la Generalitat".

"Creo sinceramente que nadie en Aragón debería estar en una posición distinta a la de defender la ley, el Estado de derecho y la democracia", ha concluido.