Diario Vasco

Burgos, 2 ago (EFE).- Los catorce municipios burgaleses más próximos al entorno de la central nuclear de Garoña se preparan para diseñar su propio futuro desde la desconfianza en planes externos, como los desarrollados hace unos años, que no han supuesto una alternativa a la actividad de la planta cuyo cierre es inevitable.

Tampoco la actividad de la central ha sido la panacea durante más de cuarenta años. Los alcaldes coinciden en que ha podido contribuir algo a frenar la despoblación pero la realidad es que los municipios más próximos tenían 3.600 habitantes cuando la planta comenzó a funcionar a principios de los años 70 y ahora solo están censadas mil personas.

Algunos vecinos del entorno trabajan en la central, aunque la mayoría a través de subcontratas, mientras que otros se beneficiaban del aumento de población flotante que generaba la planta mediante la prestación de servicios.

También los ayuntamientos han cobrado impuestos a la empresa, de la que tradicionalmente han recibido ayudas para su desarrollo o la celebración de actos culturales, aunque estos apoyos se habían ido reduciendo hasta casi desaparecer en la última década.

La alcaldesa de Trespaderne, Ana Isabel López, prefiere ver el cierre de Garoña como "una oportunidad" para el entorno.

Lo que ha provocado Garoña en la zona es, en su opinión, "una bonanza fantasma" que ahora se traducirá en que los más de doscientos trabajadores directos se irán a otras plantas nucleares y los también cerca de doscientos empleados de las contratas serán "los que sufran más la situación", aunque la mayoría de estas empresas ya habían ido reduciendo plantillas desde que la central paró su actividad en diciembre de 2012.

La idea que persiguen los alcaldes de la zona es que "cuando se cierra una puerta se abre una ventana", porque confían en las posibilidades que ofrece la zona para el turismo y la explotación hortofrutícola.

Es lo que dice el alcalde de Oña, Arturo Pérez, que recuerda que la central se puso en el Valle de Tobalina por el gran caudal del Ebro a su paso por la zona, lo que ahora se puede aprovechar para cultivos que no supondrán un perjuicio para el desarrollo turístico.

En su opinión, lo que no sería deseable es una apuesta por grandes polígonos industriales, aunque sí contar con viveros de empresa y "naves nido" para emprendedores de negocios más respetuosos con el entorno.

Un ejemplo es lo que ya ha ocurrido en Poza de la Sal, próximo a la central de Garoña pero fuera del radio de diez kilómetros que, según su alcalde, tiene casi los mismos perjuicios que los pueblos más cercanos "pero sin ningún beneficio".

Poza de la Sal ha apostado por las energías renovables, con un gran parque eólico, y por el turismo, con un triángulo de promoción turística del que también forman parte Oña y Frías, dos localidades más cercanas a la planta atómica.

Los alcaldes del entorno más cercano a la planta nuclear, en un radio de diez kilómetros, se reunirán el viernes en el municipio del Valle de Tobalina, donde se encuentra la central, para avanzar en el diseño de soluciones alternativas, aunque ya trabajan en un plan de elaboración propia que expondrán a las administraciones en busca de ayuda.

"Lo que no sirve para nada es que se vuelva a elaborar un plan desde fuera con propuestas que no son aplicables en esta zona", asegura la alcaldesa del Valle de Tobalina, Raquel González.

Desde la Asociación de Amigos de Frías, otra de las localidades del entorno más próximo a Garoña, José Antonio Martínez lamenta que se hayan perdido años en el diseño de alternativas a la central nuclear pese a que "ya se sabía que el cierre era inevitable y que solo era cuestión de saber cuándo".

Cree que lo importante es "actuar de inmediato" porque si la zona se queda abandonada uno o dos años "quedará abandonada para siempre y se convertirá en un desierto".

Ahora queda saber cuál será el futuro de los empleados de la nuclear, que hoy han acudido a su puesto de trabajo casi con total normalidad, solo rota por una asamblea en la que sus representantes sindicales les han asegurado que ahora comienzan a trabajar para asegurar su futuro.

A la espera de la reunión convocada para mañana en Miranda de Ebro con el personal de las contratas que trabajan para Garoña, mucho más difícil de proteger y del que ni siquiera hay un censo preciso, desde el comité de empresa dan por sentado que el futuro pasará por seguir con el plan de jubilaciones que comenzó al parar la central en 2012, los traslados de trabajadores a otras plantas nucleares o los trabajos de desmantelamiento de las instalaciones.

Desde Enresa, la Empresa Nacional de Residuos que trabajará en el desmantelamiento, se insiste en que "cada central es muy diferente y también lo será el desmantelamiento".

Como referencia, el ministro de Industria, Álvaro Nadal, apuntó ayer una inversión de unos 600 millones de euros a pagar a medias entre la propietaria de la central y la administración general del Estado.

Fuentes de Nuclenor, que ahora guarda silencio y se ha limitado a emitir un breve comunicado en el que anuncian que decidirán en los próximos días su postura, se apuntó antes de la parada de central que las labores de desmantelamiento se prolongarían durante no menos de 13 años.