Diario Vasco

Roma, 2 ago (EFE).- Un fiscal italiano acusó hoy a la ONG "Jugend Rettet" de favorecer la inmigración clandestina al acoger en su barco a inmigrantes en el Mediterráneo "entregados" directamente por los traficantes de personas.

El buque con bandera holandesa "Iuventa", con la que esta ONG alemana rescata a inmigrantes en el Mediterráneo central, quedó hoy confiscada de forma preventiva por las autoridades italianas en el puerto meridional de Lampedusa.

"La confiscación preventiva ha sido dispuesta para impedir que el delito se repita", explicó el fiscal de Trapani (sur de Italia) Ambrogio Cartosio en una rueda de prensa.

El fiscal aseguró que durante las pesquisas, aún en curso, se registraron "graves indicios de contactos y encuentros" entre los traficantes de seres humanos y miembros de la tripulación.

Según su reconstrucción, los inmigrantes eran escoltados por las mafias hasta la embarcación, próxima a las aguas territoriales de Libia, desde donde zarpa la mayoría de los inmigrantes que llegan a Italia tras ser rescatados en alta mar.

El procurador aseguró que los traficantes "entregaban" los inmigrantes a los miembros de la ONG.

Detalló que estos contactos entre traficantes y la ONG se produjeron el 10 de septiembre de 2016 y el 18 y el 26 de junio de este año, aunque afirmó que la investigación "está aún en curso".

Cartosio descartó por el momento la posibilidad de "una colaboración estable entre el barco y los traficantes libios" pues, apuntó, "los fines de ambas partes son bien distintas".

Además, descartó que la medida de confiscar la nave e investigar a su personal no tiene nada que ver con el hecho de que no hayan firmado el código de conducta propuesto a las ONG por Italia y secundado por la Unión Europea.

El delito de favorecimiento de la inmigración clandestina prevé penas en Italia de hasta tres años de prisión para quienes cumplan "actos dirigidos a provocar la entrada ilegal en Italia o en otro Estado a quien no es ciudadano o no cuenta con la residencia".

La pena podría alcanzar los 15 de prisión si se da el agravante de que la persona introducida en el país sufre explotación.

La investigación de estos supuestos hechos sigue abierta y por el momento la Fiscalía no ha imputado a ningún miembro de la tripulación.