Diario Vasco

Madrid, 2 ago (EFE).- CCOO ha denunciado que "gran parte de los avatares procesales" que se han producido en el caso de Juana Rivas, en paradero desconocido junto a sus hijos, obedecen a deficiencias en el sistema judicial por falta de recursos y de formación especializada de los profesionales que intervienen en los procesos.

Según explica CCOO en un comunicado, "ante un sistema judicial incapaz de proteger a mujeres y menores víctimas de violencia de género", se produce la reacción de esta mujer de no entregar a sus hijos y desobedecer una sentencia.

Se produce "la revictimización institucional de Juana Rivas, que la empuja a la desobediencia judicial para la protección de los menores y al amparo de la solidaridad ciudadana y la movilización feminista", añade CCOO.

El sindicato destaca que el Estatuto de la Víctima, aprobado en 2015, otorga derechos subjetivos a los hijos de las mujeres maltratadas al reconocer su condición de víctimas, "sin embargo hay jueces que no lo conocen en todo su detalle y se olvidan de aplicarlo".

Recuerda que el artículo 17 de dicho establece que "las víctimas residentes en España podrán presentar ante las autoridades españolas denuncias correspondientes a hechos delictivos que hubieran sido cometidos en el territorio de otros países de la Unión Europea".

"En el caso de que las autoridades españolas resuelvan no dar curso a la investigación por falta de jurisdicción, remitirán inmediatamente la denuncia presentada a las autoridades competentes del Estado en cuyo territorio se hubieran cometido los hechos y se lo comunicarán al denunciante", añade este artículo.

El sindicato explica que cuando finalmente el tribunal acordó la remisión de la denuncia a Italia, "la denuncia duerme en un cajón por falta de traducción al italiano".

"Y llegamos al momento en que otra juez, ordena la entrega de menores víctimas de maltrato al maltratador, amparándose ciertamente en un informe pericial que afirma que no correrán riesgos; informe pericial dictado claro está, por perito no especializado en violencia de género", indica.

CCOO destaca que el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas deben asegurar una formación general y específica relativa a la protección de las víctimas, en el ámbito de sus respectivas competencias.