Diario Vasco

Alicante, 1 ago (EFE).- La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado que el Estado deba indemnizar a un matrimonio por los días que los cónyuges estuvieron en prisión preventiva por un asesinato cometido en Xàbia (Alicante) del que fueron luego exculpados.

La sentencia, fechada el pasado mes de junio y a la que ha tenido acceso ahora Efe, confirma la resolución del Ministerio de Justicia de mayo de 2014 que denegaba esa compensación económica y contra la que habían recurrido los afectados.

El asesinato del que los cónyuges estuvieron acusados se produjo el 11 de junio de 2006 y por él fueron condenados en 2010 otras tres personas, dos hombres y una mujer, a penas que suman 33 años y 9 meses de prisión

En cambio, la sección primera de la Audiencia de Alicante absolvió a la propietaria de la vivienda donde se había perpetrado el crimen, una ciudadana alemana, y la causa ya había sido archivada durante la instrucción para su marido.

Ambos habían sido arrestados el 24 de agosto de 2006, en virtud de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Dénia (Alicante), y extraditados a España por Alemania el 21 de septiembre siguiente.

Tras prestar declaración, el hombre quedó en libertad con cargos, pero su mujer estuvo en prisión provisional hasta el 29 de noviembre de ese mismo año.

La Audiencia Nacional ha denegado ahora una indemnización de 60.000 euros para el esposo porque la reclamación inicial por responsabilidad patrimonial del Estado que presentó su mujer en 2012 solo exigía 80.000 euros para sí misma, y fue posteriormente, en el recurso administrativo, cuando se introdujo la solicitud del hombre.

Respecto a la esposa, el tribunal también rechaza su petición porque no concurre en el caso enjuiciado el requisito de "inexistencia del hecho imputado" que exige la legislación en esta materia para compensar a alguien por un encarcelamiento indebido.

Los magistrados recuerdan que el juicio concluyó con la condena de tres ciudadanos británicos a los que la recurrente había enviado a su casa para "comprobar que no estuviera siendo utilizada" por la víctima, otro hombre de esa nacionalidad con el que la mujer había mantenido una relación sentimental.