Diario Vasco

Buenos Aires, 1 ago (EFE).- El Comité por la Libertad de Milagro Sala, diputada argentina del Mercosur en prisión preventiva desde enero de 2016, entregó hoy al Gobierno de Mauricio Macri un texto firmado por 46.000 personas, entre ellas Julian Assange, Noam Chomsky y Dilma Rousseff, que reclaman que sea excarcelada.

"El Estado argentino debe poner fin a las violaciones a los derechos humanos y asumir el firme compromiso de no utilizar nunca más el encarcelamiento arbitrario como forma de persecución, disciplinamiento y represión de la disidencia política", expresa el texto entregado, leído ante la prensa por Mara Brawer, coordinadora del comité.

El documento fue entregado en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo en Buenos Aires, aunque los impulsores de la iniciativa criticaron no haber sido recibidos por el jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña.

"Al igual que en la dictadura, la vamos a entregar (la carta) por mesa de entradas para que Macri vea este reclamo y cumplan con la resolución de Naciones Unidas y libere inmediatamente a Milagro Sala", añadió Brawer en una conferencia de prensa.

La petición fue firmada por, entre otros, la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, la de Argentina Cristina Fernández, el cineasta estadounidense Oliver Stone, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, el juez español Baltazar Garzón, y el lingüista estadounidense Noam Chomsky.

También diputados del Parlamento del Mercosur, periodistas, actores, académicos, políticos y miembros de organismos de derechos humanos de argentina, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

"Esta campaña que estamos llevando adelante se encuadra en estos días junto con la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concede la medida cautelar que fue solicitada en enero del año pasado", recordó Elizabeth Gómez, abogada de Sala, quien incidió en que piden la libertad tanto de su defendida como del resto de detenidos de la organización barrial que lidera, la Tupac Amaru.

La CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), otorgó el pasado viernes una medida cautelar a la activista en la que pidió al Gobierno de Macri "medidas alternativas" a la prisión preventiva en la que se encuentra por presuntos delitos de defraudación a la administración pública, extorsión y asociación ilícita.

El organismo sugirió el arresto domiciliario o bien que Sala "pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica".

"Milagro está muy ansiosa, muy contenta. Confiaba en la CIDH", aseveró Gómez.

La investigación contra Sala apunta al presunto manejo irregular de fondos que para construir viviendas sociales concedió el Estado -durante el kirchnerismo (2003-2015)- a la Tupac Amaru, un movimiento entre cuyos fines está la construcción de infraestructuras para los más desfavorecidos en la zona norte de Argentina.

El arresto de Sala, integrante del opositor Frente para la Victoria (peronismo kirchnerista), ha sido fuertemente cuestionado por agrupaciones políticas de la oposición y organismos sociales y humanitarios en Argentina, que la consideran una presa política.

Hasta ahora, el Gobierno de Macri ha insistido en que la situación de Sala es solamente competencia de la Justicia provincial de Jujuy, pero ha anunciado que comunicará la recomendación de la CIDH a las "autoridades judiciales y administrativas" de esa delimitación.

"Las resoluciones de la CIDH son de cumplimiento obligatorio, así que más allá de las especulaciones políticas de algunos funcionarios, creemos que no le queda margen al Estado nacional", señaló este lunes Luis Paz, otro de los abogados de Sala.