Diario Vasco

Barcelona, 1 dic (EFE).- El PP Catalán ha registrado hoy en el Parlament una petición de reconsideración de la admisión a trámite por parte de la Mesa del proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2017 y, especialmente, de la disposición adicional que da un mandato para la celebración de un referéndum, al considerarla inconstitucional.

Una petición que se una a la que el PSC ya registró ayer en el mismo sentido, además de pedir a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, un informe de los servicios jurídicos de la Cámara para que determinen si las partidas para el referéndum en los Presupuestos de la Generalitat se ajustan a la legalidad.

La solicitud de los populares se fundamenta jurídicamente, sobre todo, en la "inconstitucionalidad" de la disposición adicional 31 de los presupuestos, con el mandato de celebrar ese referéndum, pero también las partidas incluidas en el presupuesto para organizar la consulta, para la que el Govern ha previsto 5,8 millones de euros.

Dicha disposición adicional incluida en el articulado del proyecto de ley de presupuestos señala que "el Govern, dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, ha de habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso refrendario sobre el futuro político de Cataluña en el marco de la legislación vigente en el momento de su convocatoria".

Así, el PP incide en el texto registrado en la "advertencia de legalidad" realizada por el secretario general y el letrado mayor del Parlament sobre esta disposición y denuncia que este punto del proyecto presupuestario "se convierte en un mandato al Govern para habilitar los recursos necesarios con una finalidad que se sitúa, claramente, fuera del marco legal, estatutario y constitucional".

"Como ya ha tenido ocasión de pronunciarse el TC, la convocatoria, organización y gestión de una consulta popular sobre el futuro político de Cataluña no es competencia del Govern", apunta el PP.

Si bien los populares reconocen que la disposición "no convoca por sí mismo ningún proceso refrendario", sí que "dirige un mandato al Govern para garantizar los recursos necesarios en materia organizativa y de gestión".

Además, se advierte de que "el futuro político de Cataluña" es "claramente un eufemismo del concepto de la independencia de Cataluña", así como que "la habilitación de partidas para garantizar los recursos necesarios para hacer frente" al proceso refrendario "ha de ser considerado necesariamente inconstitucional".

El segundo eje de fundamentación jurídica se basa, por otro lado, en el argumento de que la disposición adicional "vulnera la suspensión y nulidad de determinados actos parlamentarios acordados por el TC", que ya en octubre advirtió a los miembros de la Mesa y del Govern de "su deber de abstenerse de realizar cualquier iniciativa jurídica o material que suponga ignorar o eludir la nulidad" de la resolución independentista del 9N.

En este sentido, para el grupo liderado por Xavier García Albiol, la admisión a trámite de la disposición adicional 31 de los presupuestos representa "claramente eludir" esa interlocutoria del TC sobre la actuación de los miembros de la Mesa.