Diario Vasco

Madrid, 1 dic (EFE).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado hoy abierto a negociar con la Generalitat de Cataluña todo menos el referéndum y también ha admitido que "se puede reformar la Constitución, ya veremos, pero nunca para romper principios como la unidad de España o la soberanía del todo y no de una parte".

En declaraciones a RNE Catalá ha asumido que el Gobierno puede dialogar e incluso negociar con la Generalitat de Cataluña sobre la lista de 23 puntos que presentó el expresident Artur Mas en Moncloa y que ha heredado Carles Puigdemont, con la excepción del referéndum independentista.

"Hay una parte importante de la población en Cataluña que está proponiendo un cambio en las relaciones... y eso tiene que caber en la Constitución. Se puede reformar la Constitución, ya veremos, pero nunca para romper principios como la igualdad entre los españoles o la unidad de España o la soberanía del todo y no de una parte", ha señalado.

En cualquier caso, ha destacado que la reforma de la Constitución se utiliza como un eslogan con frecuencia y que de lo que se trata es de resolver problemas concretos de la sociedad.

En ese sentido, ha apuntado que "se puede hablar de financiación" pero ha añadido que "no vamos a firmar un contrato de adhesión al referéndum sí o sí".

La lista aludida por Catalá, que fue inicialmente redactada por el anterior president de la Generalitat Artur Mas, incluye nuevas competencias para la Generalitat, la reforma del sistema de financiación y nuevos ingresos e inversiones en infraestructuras por valor de miles de millones de euros -algunos cálculos lo sitúan cerca de los 7.500 millones de euros-.

También respecto a Cataluña, Catalá ha asegurado que la partida dedicada al referéndum en los presupuestos catalanes deberá ser discutida, en caso de aprobarse finalmente, en la comisión bilateral, y ha descartado que esté en reparación una impugnación de la misma ante el Tribunal Constitucional.

En cualquier caso, Catalá ha excluido del diálogo con Cataluña una supuesta disminución de la conflictividad ante el Tribunal Constitucional o el archivo de las diligencias penales abiertas a altos cargos catalanes (esta segunda no depende del ejecutivo sino de fiscalía y tribunales, ha aclarado).