Diario Vasco

Barcelona, 1 dic (EFECOM).- La banca andorrana está inmersa en los preparativos para cumplir con la obligación de intercambiar automáticamente información fiscal con los países de la UE, una transparencia fiscal que se hará efectiva a partir de 2018 y que supone un cambio trascendente para este país pirenaico.

La directora general de la Asociación de Bancos Andorranos (ABA), Esther Puigcercós, ha explicado a los periodistas en Barcelona que el Consell General (Parlamento andorrano) aprobó ayer el proyecto de ley de intercambio automático de información en materia fiscal.

La ley andorrana, consecuencia del acuerdo de información fiscal que Andorra firmó en febrero pasado con la UE, obligará a comunicar a la autoridad financiera andorrana cuántos clientes tiene con residencia en alguno de los 28 países de la UE o bien del dinero que tienen depositado allí, y esta a su vez lo comunicará a sus referentes en cada país europeo, entre ellos la Hacienda española.

No obstante, la ley andorrana, en coherencia con el estándar marcado por la OCDE, distingue entre las cuentas existentes antes de la entrada en vigor de la ley que tienen más de un millón de dólares y las que tienen menos de un millón.

En el caso de las primeras, Andorra tiene de margen hasta el 30 de junio de 2018 para efectuar una primera comunicación automática acerca de los titulares de las cuentas y del importe depositado allí. En el de las segundas, se dará un año más de margen, hasta el 30 de junio de 2019.

La obligación de información fiscal afecta también a las cuentas con más de 250.000 dólares cuyos titulares son personas jurídicas, para las que se aplica el mismo plazo de finales de junio de 2019.

Puigcercós estima que la Hacienda española ya podrá disponer en septiembre de 2018 de los primeros datos de dinero depositado en Andorra por parte de contribuyentes españoles.

En esta línea, Puigcercós ha recordado que ya en el año 2000 Andorra aprobó una ley para prevenir el blanqueo de capitales y que en 2011 selló un acuerdo con la UE para adaptar la normativa comunitaria, por lo que el intercambio automático de información fiscal es la "culminación de este camino", ha dicho.

Esta nueva normativa está obligando a los bancos andorranos a llamar uno a uno a sus clientes para explicarles la nueva normativa, verificar datos o bien para certificar quién es el último beneficiario de una sociedad.

En caso de no atender esta obligación, la ley andorrana prevé multas de hasta 250.000 euros, según consta en el artículo 10 de la ley aprobada ayer.