Diario Vasco

Estrasburgo , 30 nov .- La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) celebró hoy una vista sobre la sentencia que el pasado enero avaló que un empleador espíe los mensajes privados en la cuenta de mensajería profesional en Internet de un trabajador.

La Gran Sala, que pronunciará su veredicto en los próximos meses, examina si, tal y como consideró entonces la Sala, existió un justo equilibrio entre el derecho del demandante al respeto de su vida privada y los intereses de la empresa.

El caso afecta al rumano Bogdan Mihai Barbulescu, que trabajó entre 2004 y 2007 en una empresa privada como ingeniero encargado de las ventas.

En diciembre de 2006 le informaron sobre el reglamento interno, que prohibía el uso con fines privados de Internet y el despido por su incumplimiento, y en julio de 2007 le abrieron un expediente disciplinario, un mes antes de echarle tras comprobar que era el empleado que más tiempo se conectaba.

Barbulescu dijo que chateaba con clientes potenciales pero, según dijo hoy la representante del Gobierno rumano, Catrinel Brumar, se confirmó que las conversaciones eran "privadas".

"Es hora de decir no al espionaje en el trabajo", señaló en esta vista el abogado del demandante, Emeric Domokos-Mancu, para quien la empresa usó un "software especial de forma opaca, ya que la persona espiada lo ignoraba".

El letrado indicó que su cliente, que hoy tiene 37 años, "no ha encontrado otro trabajo desde que fue despedido en agosto de 2007 y ha perdido toda esperanza en el sistema judicial".

Por su parte, la agente del Gobierno rumano consideró que Barbulescu "adoptó una actitud que impedía continuar la relación laboral" y propuso al TEDH que rechazara su demanda, al señalar que este no había agotado las instancias judiciales nacionales.

Su caso tuvo el pasado enero amplia repercusión mediática, después de que el TEDH diera su visto bueno por primera vez a que un empleador espíe los mensajes privados en la cuenta profesional.

La defensa añadió hoy que su situación afecta a millones de empleados "que no pueden dejar su vida privada cuando cruzan la puerta del trabajo" y apostó porque el Tribunal de Estrasburgo fije su jurisprudencia sobre comunicaciones privadas, internet y vida laboral.