Diario Vasco

Madrid, 30 nov (EFE).- El Tribunal Supremo ha anulado la condena a dos años y medio de prisión que la Audiencia Provincial de Madrid impuso a Federico Álvaro Bermúdez de Castro, administrador de la empresa Dreams Cinema en Madrid, por un delito societario de falsedad.

La Audiencia Provincial de Madrid había condenado al antiguo administrador del Grupo Dreams Cinema, SL, por su gestión en las salas de cine del Centro Comercial Palacio de Hielo, que provocó pérdidas de más de tres millones de euros en la empresa.

La sentencia del Supremo, por contra, considera que no hay datos suficientes que acrediten que el empresario falseara la contabilidad de la sociedad.

Asimismo, señala que en este caso no se ha acreditado la existencia de un perjuicio y de un perjudicado por lo que no puede dictarse una condena por dicho delito del artículo 290 del Código Penal como la dictada por la sentencia recurrida.

Los hechos probados recogidos en la sentencia recurrida describen que el acusado -ahora absuelto-, administrador de la sociedad Grupo Dreams Cinema, alquiló a otra sociedad, que estaba presidida por su hermano, el local destinado a 15 salas de cine en el centro comercial Palacio de Hielo.

El alquiler, por 25 años, se articuló sobre dos contratos diferentes, uno sobre las salas de cine y otro sobre las taquillas.

Los locales destinados a cine se arrendaron en bruto y la arrendataria tenía que hacerse cargo de las obras de acondicionamiento y la dotación del mobiliario.

Desde el inicio del negocio, con las obras de adaptación, y posteriormente con el funcionamiento efectivo de los cines, Grupo Dreams Cinema no pudo hacer frente a los enormes costes fijos, rentas, salarios de los trabajadores y de financiación.

Todo ello produjo unas pérdidas de más de tres millones de euros; circunstancia que unida a los resultados negativos de explotación eran indicativos de una incertidumbre sobre la capacidad del grupo consolidado para continuar su actividad.

Grupo Dreams Cinema fue declarado en concurso de acreedores necesario y culpable el 11 de diciembre de 2006.