Diario Vasco

Ginebra, 30 nov (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, calificó hoy de "paso muy peligroso" la decisión del Gobierno de Burundi de obligar a sus funcionarios a declarar su identidad étnica, teniendo en cuenta la historia de violencia racial reciente en el país africano.

Zeid teme que la decisión del Ejecutivo burundés, que afectará al personal de todas las instituciones públicas y semipúblicas, se realice con la intención de realizar un "balance étnico", dijo hoy en una alocución ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

"En Burundi, el peor de los escenarios se cierne ante nosotros, con una creciente sensación de temor entre la población, con un aumento del éxodo de refugiados y con una relación cada vez más inexistente entre el Gobierno y la comunidad internacional", enfatizó.

El alto comisionado recordó que las agencias humanitarias denunciaron un "incremento masivo" de los exiliados en los últimos cuatro meses, y que los refugiados han aumentado de 270.000 a 325.000.

Desde septiembre, cuando expertos independientes de la ONU evaluaron duramente la situación del país, las autoridades han tomado medidas que "restringen aún más el espacio democrático" y ponen trabas al trabajo de organizaciones no gubernamentales, mediante suspensiones y prohibiciones.

Burundi está inmerso en una grave crisis desde abril del año pasado, cuando su presidente, Pierre Nkurunziza, concurrió a un tercer mandato en contra de la Constitución y violó los acuerdos que acabaron con una larga guerra civil en 2005.

Desde entonces, han muerto centenares de personas y cerca de medio millón se han visto obligadas a dejar sus hogares, según datos de la ONU, que también ha alertado de un posible genocidio y ha acusado al Gobierno de crímenes contra la humanidad.

La Corte Penal Internacional abrió una causa para determinar la posible responsabilidad del Gobierno de Nkurunziza, quien reaccionó prohibiendo la entrada de los investigadores de la ONU y anunciando su retirada del marco jurisdiccional de La Haya.