Diario Vasco

Manila, 30 nov (EFE).- Miles de filipinos se manifiestan hoy en distintas partes de Manila contra el entierro del expresidente Ferdinand Marcos como un héroe, porque gobernó como un dictador y por las miles de víctimas de los derechos humanos que hubo durante su régimen.

Marcos fue sepultado en el Cementerio de los Héroes de la capital filipina el pasado día 18 en una ceremonia privada que se mantuvo en secreto a la población hasta una hora antes y a la que no tuvieron acceso los medios de comunicación.

La Policía metropolitana calculó que alrededor de 1.200 personas participaron en la manifestación que se congregó en Mendiola, con proclamas y pancartas con lemas como "No hay honor para un dictador", según la televisión GMA.

Un grupo transportaba un ataúd negro hecho de cartón con los dibujos, también en cartón, del presidente filipino, Rodrigo Duterte, Imelda Marcos y sus hijos Imee y Ferdinand sobre la lápida, para denunciar que gracias a ellos se ha enterrado a un dictador en el Cementerio de los Héroes.

El portavoz de la organización defensora de los derechos humanos iDfend, Ellecer Carlos, indicó que su presencia en Mendiola era también para luchar por los derechos de los trabajadores.

Cerca de 200 personas protestaron en Rotonda, en Quezon City, una de las poblaciones que conforman la región metropolitana de Metro Manila.

La manifestación principal esta jornada, festiva en Filipinas, se ha organizado por la tarde en el tramo de EDSA, una de las avenidas principales de Manila, donde tuvo lugar la revuelta popular pacífica que en 1986 derrocó el régimen de Marcos y le expulsó al exilio, donde murió tres años más tarde.

El 25 de noviembre, se organizaron manifestaciones contra Marcos en más de 30 ciudades del país.

Según calcula la ONG Transparencia Internacional, Marcos y su esposa Imelda se apropiaron de forma ilícita de entre 5.000 y 10.000 millones de dólares durante su gobierno, que comenzó en 1965 y concluyó en 1986.

Marcos, que aplicó la ley marcial entre 1972 y 1981, está acusado de ser el responsable de la muerte, tortura o detención ilegal de más de 100.000 personas.