Diario Vasco

Bruselas, 30 nov (EFECOM).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló hoy definitivamente la decisión de la Comisión Europea (CE) que consideraba una ayuda de Estado ilegal el anticipo de accionista que el Gobierno francés ofreció en 2002 a la empresa France Telecom, de la que entonces era accionista mayoritario.

La máxima instancia judicial confirma así la decisión del Tribunal General de la Unión, que ya había anulado dos veces la decisión del Ejecutivo comunitario al estimar que este anticipo no podía considerarse una ayuda ilegal puesto que no llegó a ejecutarse.

La compañía de telecomunicaciones France Télécom, actualmente denominada Orange, se transformó en 1996 en una sociedad anónima cuyo accionista mayoritario era el Estado francés en 2002.

En aquel año la deuda de la empresa ascendía a 69.690 millones de euros de los que 48.900 vencían entre 2003 y 2005, una difícil situación financiera ante la que el Ejecutivo galo se comprometió a ofrecer su poyo.

En sendas declaraciones a los medios de comunicación en julio de ese año el ministro de Industria indicó que "el Estado se comportaría como un inversor prudente" y "si tuviese problemas de financiación, lo que hoy no es el caso, tomaría las decisiones necesarias para solucionarlos".

Finalmente en diciembre de 2002, el Estado francés anunció un anticipo de accionista a favor de la empresa que consistía en la apertura de una línea de crédito de 9.000 millones de euros, pero esta oferta nunca fue aceptada ni llegó a ejecutarse.

Sin embargo, en 2004 la Comisión Europea concluyó que este anticipo de accionista constituía una ayuda de Estado incompatible con las normas europeas.

La empresa y el Gobierno francés recurrieron la decisión y el Tribunal General les dio razón y en 2010 anuló la decisión de Bruselas, alegando que el anticipo no podía considerase una ayuda de Estado porque no se habían comprometido efectivamente recursos estatales.

El Ejecutivo comunitario, a su vez, recurrió esta sentencia ante el TJUE, que la anuló al estimar que, aunque no se ejecutara, el anticipo prometido a France Telecom le confirió una ventaja otorgada por medio de fondos estatales en la medida en que gravó potencialmente el presupuesto del Estado.

El caso fue devuelto de nuevo al Tribunal General, que en 2015 anuló por segunda vez la decisión de la CE por considerar que no se había aplicado correctamente el criterio de inversor prudente.

El Ejecutivo comunitario interpuso entonces el recurso de casación que el TJUE anuló hoy, con lo que se cierra definitivamente el proceso judicial.

En concreto, el TJUE señala en su sentencia que la Comisión "adoleció de un error manifiesto" al considerar que el concepto de inversor privado prudente debía aplicarse con respecto a las declaraciones del Gobierno hechas en julio de 2002 y no con respecto a la decisión efectiva tomada en diciembre.