Diario Vasco

Madrid, 29 nov (EFECOM).- La presidenta de la patronal aseguradora, Unespa, y de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (Fides), Pilar González de Frutos, ha abogado hoy por crear ficheros sectoriales de defraudadores al seguro.

Una idea que no obstante, cuenta con intereses contrapuestos según ha reconocido, ya que tal y como ha dicho, en las administraciones públicas de muchos países hay departamentos, especialmente los ligados a la administración de justicia, que esto lo ven con cautela.

Igualmente, ha asegurado que hay que tener en cuenta "la resistencia social", normalmente abanderada por las organizaciones de consumidores, "que suele poner el grito en el cielo cuando se aprecia la menor traza de que se vaya a crear eso que se llama una lista negra de malos asegurados".

En este sentido, González de Frutos ha explicado que el supervisor de seguros debe ser un interlocutor "valiente" con las administraciones públicas a la hora de debatir y de hacer llegar el punto de vista de las aseguradoras sobre este asunto.

"La batalla en pro de los ficheros sectoriales antifraude es uno de ésos terrenos en los que la capacidad de diálogo y de colaboración entre el seguro privado y sus autoridades de supervisión tiene que dar su exacta medida", ha añadido González de Frutos.

La presidenta de la Fides ha participado en el Seminario Regional sobre Capacitación de Supervisores de Seguros de Latinoamérica que se celebra en San José de Costa Rica.

Según las intervenciones facilitadas en Madrid, González de Frutos ha recordado que el fraude es uno de los elementos que forma parte de un conjunto de riesgos a los que se enfrentan las aseguradoras, que deben hacer una adecuada gestión de este asunto, con la segmentación del mismo.

"Se hace necesario destacar lo muy necesario que es que el fraude se aborde como una carrera profesional y técnica, tanto dentro de las entidades como en el ámbito del supervisor", ha añadido la presidenta de Unespa, que ha explicado que incluso se podría plantear cierto nivel de autonomía para aquéllas personas u organismos que asumiesen la vigilancia del fraude desde la supervisión.