Diario Vasco

Bruselas, 19 oct (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desestimó hoy un recurso de casación de la diputación foral de Vizcaya y validó así la decisión de la Comisión Europea (CE) que declaraba ilegales unas ayudas concedidas en 2006 en el sector de la construcción.

La diputación foral pidió en 2012 impugnar la decisión del Ejecutivo comunitario ante el Tribunal General de la Unión Europea (UE), que en 2015, desestimó el recurso, lo que llevó a Vizcaya a poner un recurso de casación ante el TJUE para que se anulase la sentencia del Tribunal General.

La máxima corte europea respaldó hoy la posición del Tribunal General con un auto en el que da la razón a la CE, que consideraba ilegales dichas ayudas por haberse concedido sin notificarlo previamente a Bruselas como exigen las leyes comunitarias.

La decisión concierne en concreto a dos convenios firmados en 2006 entre la empresa pública Bizkailur, controlada al 100 % por la diputación foral de Vizcaya, y la propia diputación, y, por otra parte, entre la compañía Habidite, el grupo empresarial Afer y el grupo Habidite.

Según estos convenios, se crearía una fábrica de Habidite para la producción de módulos de construcción en Alonsotegi (Vizcaya) y a su vez la diputación foral de Vizcaya se comprometía a comprar a Habidite un determinado número de viviendas para venderlas después como viviendas sociales.

El primer acuerdo establecía que Vizcaya y Bizkailur comprarían un terreno y lo adaptarían para uso industrial, para luego transferir la propiedad a la factoría de Habitide por un precio equivalente al coste efectivo asumido por Bizkailur.

El segundo convenio preveía que Vizcaya comprara a Habidite un total de 1.500 viviendas que luego se venderían a un precio establecido por el Gobierno regional vasco.

En 2009, España informó de estos convenios a la CE, que inició una investigación que concluyó que los acuerdos suponían ayudas de Estado ilegales.

Bruselas dudaba de las condiciones de devolución de los gastos efectuados por Bizkailur para la adquisición y adaptación de los terrenos, así como de las condiciones de compra y venta de las 1.500 viviendas.

La Comisión especificó que la ayuda relativa a los suelos sí era compatible con el Derecho de la UE, pero solo hasta un importe de 10,5 millones de euros.

En su auto de hoy, el TJUE rechazó los argumentos de Vizcaya, que defendía que era erróneo referirse a "ayuda ilegal" puesto que las ayudas no fueron ejecutadas antes de la notificación a la CE.

La corte recordó que la concesión de esta asistencia debe notificarse siempre previamente a la CE y que el Estado miembro no puede ejecutar las medidas proyectadas antes de que Bruselas dé su visto bueno.

Explicó que la ayuda establecida en un convenio puede considerarse concedida en la fecha de la firma si el firmante se compromete a concederla de forma incondicional.

En este sentido, señaló que los acuerdos en cuestión contenían este tipo de compromiso incondicional una vez que Bizkailur ya había adquirido terrenos antes de la notificación.

Por otra parte, la corte desestimó el argumento de la diputación basado en que la CE no requirió a las partes que formulasen sus observaciones y, por tanto, no tuvo derecho a la defensa.

El TJUE resolvió que el Ejecutivo comunitario no está obligado a pedir a las partes su opinión.