Diario Vasco

Roma, 19 oct (EFE).- Los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen unos derechos legítimos sobre la tierra y los recursos naturales que a menudo no son ejercidos por la falta de conocimiento y las disputas con otras partes interesadas.

Esas dificultades quedaron hoy patentes durante la reunión en Roma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, un foro intergubernamental de las Naciones Unidas en el que también participan la sociedad civil y el sector privado.

Ese mismo órgano aprobó en 2012 unas directrices voluntarias para la gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques.

Por ejemplo, la gestión de los recursos naturales y los proyectos de inversión deberían consultarse y contar con la participación de las comunidades rurales que se vean afectadas.

Y habría que restituir los derechos de propiedad o al menos dar una compensación justa a quienes han sufrido la pérdida de sus tierras o han sido desalojadas por la fuerza en el pasado.

Sin embargo, existe un desconocimiento de esas directrices por parte de las autoridades a todos los niveles, tal y como denunciaron hoy los grupos civiles representados en el Comité, tras analizar unas 70 experiencias de los últimos años.

Su portavoz, Naseegh Jaffer, destacó que la creación de espacios públicos en los que debatir esas cuestiones "no se han traducido automáticamente" en resultados concretos ni en la puesta en marcha de "reformas más progresivas".

Jaffer advirtió de que en muchos países los cambios en la tenencia de la tierra siguen favoreciendo los intereses de los grandes poderes políticos y económicos, mientras que numerosas comunidades continúan estando marginadas.

Además, argumentó, en más de la mitad de los casos analizados se recogen episodios de violencia contra los defensores de los derechos humanos, que "están sufriendo acoso, persecución y detención" a manos de las autoridades, cuerpos paramilitares o empresas privadas.

El especialista del Banco Mundial Gregory Myers expuso que en su trabajo para difundir las directrices ha comprobado que "muchos compañeros no las conocen" y que, a pesar de los esfuerzos por adaptarlas en los distintos países, "todavía queda mucho en lo que avanzar".

Durante la conferencia se presentaron iniciativas de países como Senegal, donde han organizado talleres y una plataforma con actores sociales para reformar el régimen de tenencia de la tierra.

Por parte de Colombia, su viceministro de Desarrollo Rural, Juan Pablo Díaz Granados, indicó que se están inspirando en las directrices para "materializar las reformas" y modernizar el sector agropecuario, que actualmente solo utiliza 7 de los 40 millones de hectáreas aprovechables en el país.

Recordó que desde 2011 se han restituido 180.000 hectáreas a los propietarios originales que han resultado víctimas del conflicto interno en el país sudamericano.

La guerra es otro de los factores que obstaculiza la aplicación de las directrices en países como Sudán, pese a que el Gobierno dijo querer ponerlas en marcha en el conflictivo estado de Darfur.