Diario Vasco

Madrid, 19 oct (EFECOM).- El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha avanzado que la desarticulación de cárteles (grupos de empresas que atentan contra la competencia) ha supuesto un ahorro para los consumidores de 1.260 millones de euros anuales sólo en los ejercicios 2014 y 2015.

Durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso para hacer balance de las actuaciones acometidas en 2015 y explicar el plan de actuaciones 2016, Marín Quemada ha recalcado que entre 2011 y 2015 la desarticulación de cárteles ha supuesto un ahorro de 640 millones de euros anuales.

Si se tienen en cuenta sólo los años completos desde la creación de la CNMC (2014 y 2015), esta cifra aumenta hasta 1.260 millones anuales, ha explicado.

Marín Quemada ha señalado que 2015 fue un año récord de sanciones en el ámbito de la competencia y que "nunca antes" se desarmaron y sancionaron tantos cárteles, hasta 14.

"Los cárteles son las prácticas más dañinas para el consumidor y suponen una inaceptable transferencia de renta hacia empresarios que carecen de principios", ha dicho, tras recordar que la CNMC impuso multas el año pasado por valor de 500 millones de euros.

"El objetivo de la actividad sancionadora es disuadir de futuras infracciones, no recaudar", ha incidido.

Marín Quemada ha recalcado que, no obstante, la cuantía de las sanciones no siempre es equiparable, "a veces ni de lejos", al daño que producen los cárteles y ha recordado que en EEUU los directivos van a la cárcel por estas infracciones.

En este sentido, el presidente de la CNMC ha abogado por la posibilidad de retocar la ley aprobada con consenso en 2007 y ha dicho que "convendría abrir de nuevo este proceso con el mismo rigor" con el que se aprobó, ya que han transcurrido 10 años.

Marín Quemada ha calificado de "vergonzoso" los cárteles en la contratación pública como los relativos a los residuos urbanos, las construcciones modulares o los pañales para adultos.

"Que un grupo de empresas se reparta las licitaciones públicas e infle los precios durante 15 años genera un enorme daño al consumidor y al contribuyente", ha señalado tras valorar que la reforma de la Ley de contratos contribuirá a reducir estas prácticas.