Diario Vasco

Madrid, 19 oct (EFE).- Las organizaciones sociales coinciden en que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son en la práctica "cárceles para extranjeros", pero incluso con peores condiciones que las prisiones, porque no garantizan los derechos ni la dignidad de las personas.

Las ONG consultadas por Efe, Amnistía Internacional, el Servicio Jesuita a Migrantes, SOS Racismo, CEAR y Karibu, coinciden en que el motín registrado en el CIE de Aluche es una reacción a las condiciones de estos centros, en el que pueden permanecer hasta dos meses personas que no han cometido ningún delito, sino una infracción administrativa por no tener documentación.

"Los CIE, con arreglo a la ley, no pueden tener carácter penitenciario, y si se visita estos centros se ve que lo tienen, pero sin las condiciones de los centros penitenciarios" con actividades de formación, traductores o asistencia sanitaria, asegura Santiago Yerga, abogado de la ONG jesuita dedicada a visitar a los extranjeros en estos centros.

Según el letrado, la ley establece que los CIE supongan privación de libertad, pero no "el menoscabo de derechos como a la intimidad, a las comunicaciones, a la asistencia jurídica efectiva y a ser tratado como persona vulnerable, en los casos de trata o de refugiados".

Begoña Santos, portavoz de Karibú, que presta asistencia en el CIE de Aluche, considera que "solo la propia existencia de los CIE" como paso previo a la expulsión son ya una vulneración de los derechos de las personas.

"Muchas de las personas que están ahí han estado durante años en España de forma legal, pero han perdido su trabajo y no han podido renovar sus papeles", explica la responsable de esta ONG, que insiste en que la mayoría de las personas "no han cometido ningún delito, solo la falta administrativa".

Respecto al centro madrileño, ha denunciado una asistencia sanitaria deficiente y ha explicado que se ha externalizado este servicio a una entidad privada con una horas de consulta, no de forma permanente.

"Las habitaciones tienen rejas y no pueden salir; tienen una horarios rígidos de desayuno, patio y visitas; es como una cárcel pero en ellas se respetan mejor los derechos humanos", ha opinado esta activista.

Desde Amnistía Internacional, Virginia Álvarez ha mostrado su preocupación por el uso que se está haciendo de los CIE, "pensado exclusivamente para expulsar a personas" y sin garantizar que posibles solicitantes de asilo o víctimas de trata puedan reclamar protección.

Las ONG creen que existe una utilización desproporcionada y un abuso del internamiento de personas migrantes en los CIE, aunque la ley establezca que debe ser una medida excepcional una vez agotadas las medidas alternativas.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) recuerda que en 2015 de las personas internadas en los CIE solo fueron expulsadas un 41 %, "lo que pone en evidencia el fracaso del modelo, ya que se trata de un instrumento del estado para garantizar la expulsión de personas en situación irregular".

"Además de su ineficacia, CEAR ha constatado una clara vulneración del Reglamento de los CIE y su régimen interior que viene dada por un incumplimiento sistemático de los derechos y garantías previstos; existe una desigualdad en la prestación de recursos asistenciales entre centros: dotación médica, asistencia social y jurídica o infraestructuras que posibiliten las visitas externas", detalla en un comunicado.

Además, denuncia que no se garantiza "de forma homogénea la información que reciben los internos sobre protección internacional ni se garantiza en todos por igual el acceso al procedimiento de asilo".

El presidente de SOS Racismo en Madrid, Moha Gerehou, ha exigido el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), una reclamación que vienen defendiendo de forma unánime desde hace meses las organizaciones sociales.

A las puertas del centro madrileño donde se ha producido el motín, Gerehou ha lamentado "el trato inhumano" que se está dando a las personas que ingresan en los CIE.

La plataforma Campaña Estatal por el Cierre de los CIE han mostrado su apoyo a los amotinados en Madrid y han insistido en la eliminación de estos centros, que definen como "calabozos ampliados en los que se priva de libertad a personas para ser deportadas contra su voluntad".

CCOO ha reclamado el cierre cautelar del centro de Aluche y que se garantice a las personas que han protagonizado este incidente un trato digno, además de sus derechos.