Diario Vasco

Valencia, 18 oct (EFECOM).- El exvicepresidente de Bankia y expresidente de la Generalitat valenciana, José Luis Olivas, ha defendido hoy la legalidad de los 580.000 euros que cobró, siendo presidente de Bancaja, en una supuesta mediación empresarial hecha en 2008 y ha dicho que podía haber realizado "cientos" de ellas más.

Olivas y el empresario Vicente Cotino han negado haberse concertado para defraudar a Hacienda y han defendido la veracidad de esa posible mediación empresarial al declarar como investigados, junto con la mujer del primero, Mercedes Álvarez, por presuntos delitos contra la hacienda pública y falsedad documental en la vista que ha comenzado hoy en el Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia.

En su declaración, tanto Cotino -sobrino del ex director general de la Policía y exconseller del PP, Juan Cotino- como Olivas han defendido que este medió en 2008 para la venta a Endesa, por 39,3 millones de euros, del 25 % que Sedesa tenía en Proyectos Eólicos Valencianos (PEVSA).

Esta operación se hizo de forma conjunta con otro 20 % del capital que Bancaja poseía en PEVSA, de modo que finalmente se vendió el 45 % de la entidad a Endesa.

Se da la circunstancia de que Endesa era la propietaria del 55 % restante y que, según han relatado ambos procesados, no tenía interés inicial en hacerse con el total del capital, aunque finalmente lo adquirió ejerciendo un derecho de preferencia cuando Sedesa (Cotino) y Bancaja habían acordado la venta a Iberdrola gracias a la mediación de Olivas, entonces presidente de Bancaja y consejero de Iberdrola.

Olivas ha reconocido haber cobrado, por estas gestiones de mediación, 580.000 euros de Vicente Cotino.

Su intervención, según ha defendido Olivas, supuso un ahorro de más de medio millón de euros para Bancaja y generó unas plusvalías de 39,3 millones de euros para Sedesa, motivo por el cual cobró los 580.000 euros que había acordado de antemano con Cotino.

Esos honorarios, según Olivas, "fueron declarados a Hacienda en su momento y por ellos" hizo efectivos los correspondientes impuestos.

Para el fiscal, Cotino y Olivas actuaron de acuerdo "con ánimo de defraudar a la Hacienda Pública", para lo cual decidieron consignar en el impuesto de sociedades de 2008 del grupo Sedesa como gasto deducible una transferencia de 580.000 euros que hizo Sedesa Inversiones a Imarol -propiedad de Olivas y su mujer-, en virtud de un asesoramiento ficticio.

Para ello, los acusados "crearon un documento que aparentaba ser una factura" firmada por Olivas, la única que emitió Imarol en 2008.

En su defensa, Cotino ha alegado que su empresa pagó "más o menos 10 millones de euros a Hacienda tras esa operación, y que no tiene sentido haberse concertado con Olivas para desgravarse 150.000 euros" por esa supuesta asesoría que las acusaciones cuestionan.

Olivas, por su parte, ha insistido en que no tenía ningún vínculo laboral con Iberdrola ni tampoco tenía funciones ejecutivas en Bancaja (de donde cobraba, ha dicho, "sólo" 16.000 euros al año).