Diario Vasco

Madrid, 18 oct (EFECOM).- El Constitucional ha decidido que sea el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo (TJUE) el que determine si ciertas prácticas de cesión de créditos por los bancos respetan los derechos de los consumidores y se ha inhibido ante una cuestión que le planteó a ese respecto un juzgado de Barcelona.

El juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona elevó una pregunta al Tribunal Constitucional por si las leyes que debía aplicar, en un caso de embargo pedido por el Banco de Santander contra dos deudores que no habían pagado un crédito, vulneraban distintos derechos constitucionales, entre ellos el de igualdad.

Los deudores debían 40.211 euros al banco, que se los reclamó junto a otros 12.384 euros por intereses y costas. Mientras se resolvía el proceso, la sociedad de Luxemburgo Aiquon Capital pidió personarse en lugar del banco: había adquirido el crédito por el precio de 3.125 euros.

El juez de Barcelona consultaba al TC si no vulneraba los derechos constitucionales de los deudores que no se permitiera aplicar en este caso el llamado "retracto de créditos litigiosos", es decir, el derecho a reembolsar al cesionario, en este caso la citada sociedad de Luxemburgo, el precio que pagó por el crédito (los 3.125 euros), más costas e intereses.

Sin embargo, al mismo tiempo, el juez de Barcelona presentó una cuestión prejudicial ante Luxemburgo, la corte europea que se encarga de armonizar el derecho aplicado en todos los países de la Unión. Le consultaba al TJUE si las normas a aplicar en su caso respetan los derechos de los consumidores reconocidos en la UE.